Reinicia el juicio a los genocidas de la causa Klotzman

El proceso judicial, que comenzó en 2020 y concluyó su primera etapa el 30 de diciembre pasado con la declaración del testigo y sobreviviente de la última dictadura cívico militar, Héctor “Chinche” Medina, podría llegar a su cierre para junio de este año, fecha que las querellas estiman podría ser dictada la sentencia.

En el proceso son juzgados tres ex policías federales de la Delegación Rosario y un ex militar de inteligencia por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 29 víctimas entre agosto y noviembre de 1976 en el centro clandestino de detención “Quinta de Fisherton”.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario, integrado por la jueza Mariela Emilce Rojas y los jueces Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez. Actúa en representación del MPF la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte.

Tal cual se informó en este medio meses atrás –y se puede leer en el blog especial que produce la cooperativa La Masa denominado diariodelosjuicios.com.ar, hasta la primera audiencia del juicio, se sabía oficialmente de la existencia de un solo sobreviviente de las 29 víctimas, pero en esa jornada se concretó el testimonio de un antropológo forense que contó que, en el marco de una investigación personal que emprendió sobre el centro clandestino de detención, pudo dar con el paradero de una víctima desconocida para la causa judicial, cuyos datos aportó.

Al debate oral, que hace tres años que venía sufriendo postergaciones, llegaron acusados el capitán del Destacamento de Inteligencia 121, Jorge Alberto Fariña; y los ex integrantes de la Delegación local de la PFA: el ex oficial Federico Almeder, el ex auxiliar Juan Langlois y el ex inspector Enrique Andrés López. Los cuatro están imputados por múltiples privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios y apropiación de niños y actualmente están detenidos con la modalidad de prisión domiciliaria. También se encontraba imputado por estos hechos el sargento de la PFA Juan Dib, quien falleció en agosto de este 2020.

Según la acusación fiscal, todos los hechos delictivos fueron perpetrados «mientras se hallaba operativo el grupo de tareas –conformado por quienes integraban el Destacamento de Inteligencia 121 y los miembros de la PFA–, quienes, más allá de la división de funciones –propia de las distintas jerarquías y estamentos– actuaban en concierto en todo lo relativo a detenciones de personas, mantenimiento de esa situación y posterior disposición de las mismas». En tal sentido, la acusación señala que en el marco del despliegue represivo ilegal desplegado durante la última dictadura, las víctimas sufrieron la persecución de los autodenominados “Operativos Conjuntos” del Ejército y de la Delegación local de la PFA.

El juicio se centra sobre los hechos ocurridos principalmente en el centro clandestino de detención “Quinta de Fisherton”, también conocido como “Quinta operacional de Fisherton”, que dependía del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, a cargo de la llamada “Zona de Defensa 2”. Allí las víctimas resultaron muertas o desaparecidas y fueron privadas ilegítimamente de su libertad.

La fiscalía detalló en el requerimiento de elevación a juicio que “además de los testimonios que dan cuenta de la realidad de los acontecimientos, se deja expresamente sentado que todas las constancias documentales emanadas de las autoridades que ejecutaban el plan sistemático deberán ser analizadas», en tanto fueron «emanadas de un ámbito clandestino e ilegal que se valía de la autoridad del Estado para perpetrar de manera sistemática ilícitos aberrantes, con garantía de impunidad para sus perpetradores (la cual incluía el labrado de dichas actuaciones formales y ficticias)”.

La acusación señala que las víctimas sufrieron la persecución de los autodenominados “Operativos Conjuntos” del Ejército y de la Delegación local de la Policía Federal.

Con relación a las víctimas, la investigación determinó que fueron integrantes de la organización PRT-ERP o tuvieron alguna vinculación con sus miembros. En el requerimiento de elevación a juicio la fiscalía acreditó la “existencia de un plan de exterminio de los militantes del PRT-ERP o de aquellos que se sospechaba militaban en dicho partido” y detalló que “el plan sistemático de represión ilegal que azotó el país calificaba como ‘oponentes’ a aquellos que, a criterio de los perpetradores, militaran en el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo, al punto que los catalogaba como ‘Oponente Activo’ de ‘Prioridad 1’”, según expresaba la terminología de los documentos oficiales utilizados por las fuerzas armadas.

El listado de víctimas de este juicio se encuentra integrado por Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman y la hija de ambos, recuperada en 2011; Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, Maria Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.

El 7 de abril de 2011, a través de un análisis de histocompatibilidad efectuado por el Banco Nacional de Datos Genéticos, recuperó su identidad la hija apropiada de Ricardo Horacio Klotzman y de Cecilia Barral, quien nació durante la desaparición forzada de su madre. El hecho se pudo conocer a través del relato del único sobreviviente de la «Quinta de Fisherton» que confirmó el embarazo avanzado mientras se encontraban en cautiverio. A través de la investigación se pudo determinar que la niña fue sustraída por los represores y entregada a una familia en la ciudad de Santa Fe. Su recuperación fue la restitución número 103.

Juicio en pandemia

Al igual que el año pasado, las audiencias del juicio se realizarán de modo virtual. En ese marco, y bajo la consigna “Los juzga un tribunal, los condenamos todxs”, la agrupación Hijos informó que participar y garantizar que el juicio sea público se debe escribir al correo debatecausa21@gmail.com.