Informe: Los juicios a los genocidas en tiempos de pandemia

En un informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina, que contiene su diagnóstico anual, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reveló que fueron dictadas 250 sentencias desde 2006 hasta el 4 de diciembre del 2020, en las cuales resultaron condenadas 1013 personas y absueltas 164. El trabajo realizado por la oficina a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos sistematiza, procesa y analiza la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país que intervienen en este tipo de procesos.

Entre las principales conclusiones respecto del proceso de juzgamiento de estos crímenes durante 2020, la Procuraduría explica que "más allá de la situación excepcional de Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio (ASPO), persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país". Entre otros datos, indica que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

Asimismo, pone de relieve que "disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior [de 22 a 9], y el número de personas detenidas" (863 en la actualidad) y que "se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante". El 74 % de las personas detenidas (unas 638) transita la detención en su domicilio, lo cual implica que las personas detenidas en cárceles y otros establecimientos suman 225.

De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

En relación con las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, la Procuraduría puso de relieve que:

Al 4 de diciembre de 2020, se registran un total de 623 causas en las que se han investigado crímenes contra la humanidad.

De las 250 sentencias dictadas desde 2006, 173 (un 70 %) posee alguna instancia recursiva pendiente ante la Cámara Federal de Casación o ante la Corte Suprema, lo cual significa que no se encuentran firmes. Al menos 101 recursos se encuentran a la espera de resolución en el máximo tribunal del país; involucran a 150 personas en un total de 39 causas.

La caída en la cantidad de sentencias durante 2020 “podría analizarse por la situación excepcional en la cual se decretó el DNU 260/20 que estableció el ASPO (aislamiento social preventivo obligatorio), sin embargo aún si hubiesen tenido veredicto el total de causas con juicio y plenario en curso

-en los casos de juicios que tramitan bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal (ley 2372)- que no iniciaron durante el 2020 (10)-  el descenso hubiese sido similar al año 2018”, cuando se dictaron 18 sentencias en todo el año, lo cual contrastó con las 27 de 2017.

Durante el ASPO, se suspendió el debate en 12 causas y se reanudó en 11.

Existen 373 causas en las que aún no se ha dictado sentencia: 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y sólo 2 de ellas tienen fecha de inicio para 2021. Ello implica que "además de disminuir la cantidad de causas con juicios iniciados durante 2020, la proyección estadística para 2021 permite sostener que la actividad se ha relentecido", indica el informe.

El resto de las causas, unas 280, se encuentra en instrucción, "un número estable en todo el período" de 14 años entre 2006-2020: en 9 de ellas se dispuso la elevación a juicio y en 13 el MPF formuló requerimiento de elevación a juicio. Respecto de estos últimos números, son "los niveles más bajos registrados desde 2015", señala.

En relación a las causas en instrucción, "el informe estadístico es demostrativo de que el volumen de causas que se encuentran en etapa de investigación por crímenes de lesa humanidad requiere de la implementación de medidas y recursos urgentes que se orienten a permitir un avance y esclarecimiento en el menor tiempo posible", valora la Procuraduría.

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, desde 2006 a la actualidad 3448 personas fueron imputadas en causas por crímenes de lesa humanidad. En ese universo se encuentran incluidas las 1013 condenadas y las 164 absueltas.

Hasta el 4 de diciembre del año que culmina, obtuvieron sentencia 58 personas, de las cuales 51 fueron condenadas y 7 absueltas. De esta forma, se "consolida una tendencia descendente desde el 2017, año en el cual quienes resultaron sentenciados/as fueron 234. En 2019 las personas sentenciadas habían sido 95 y 108 en 2018", precisa.

Mientras tanto, "continúa siendo alto el número de personas que aún no han obtenido sentencia", dado que 628 se encuentran procesadas y 176 con falta de mérito. Otras 614 tienen pedido de convocatoria a prestar declaración indagatoria, mientras que 39 fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.

Otras variables relevantes están expresadas en los siguientes guarismos:

Son 276 las personas condenadas con al menos una sentencia firme, y 24 las absueltas: 27% y 15% del total en cada caso, respectivamente.

A lo largo de este año fallecieron 36 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. En todo el país se registran 29 prófugos.

De los 904 fallecidos y fallecidas en los 14 años de procesos, 692 murieron antes de obtener sentencia y 212 luego del dictado de su condena o absolución.

El promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula en esa causa el requerimiento de elevación a juicio.

De acuerdo con el estudio de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía y el dictado de la clausura de la instrucción por parte del juez es de 5 meses. Desde la elevación a juicio hasta el veredicto, pasan 2 años y 4 meses en promedio. Y entre la sentencia del tribunal oral y el último fallo de la Corte Suprema pasan 3 años y 7 meses en promedio.

En torno a las demoras en la conclusión de los procesos, la Procuraduría regresa en el informe 2020 sobre el concepto de "espiral recursivo", que ya desarrolló en su balance correspondiente a 2019. Ese concepto tiene que ver con la práctica que ordenó el sistema de reenvíos desde la Cámara Federal de Casación a los tribunales orales para que dicten una nueva sentencia sobre los puntos casados. Ello implica que la nueva sentencia de los TOF sea pasible de un nuevo recurso y consecuente revisión por el máximo tribunal penal, estirando el trámite del proceso.

Los plazos estimados de una causa hasta su conclusión son de 7 meses para la instrucción , 2,4 años para la elevación a juicio y veredicto y 3,6 años entre sentencias y último recurso fallado. Ahora bien, los recursos ante la Corte (seguidos en el 90% de las causas) suponen como mínimo 4 años más, que en un alto número de casos se extiende hasta 10 años.

La “espiral recursiva” se extiende entonces a un plazo de entre 11 y 15 años, durante los cuales los condenados con edades que superan casi siempre los 80 años fallecen antes de que sus sentencias queden firmes y por lo tanto quedan ante la Justicia y ante la sociedad como “inocentes” y disfrutando de todos los beneficios de esa condición, tanto ellos como sus herederos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene alrededor de 64 recursos sin resolver, algunos con más de 10 años de antigüedad. La “espiral recursiva” finaliza en la Corte y así la Corte termina siendo –como bien señala el informe de la Procuraduría, el último recurso de eso que un fiscal de Estado denominó, con acierto, “impunidad biológica”.

Fuentes: Télam/Fiscales