Juicio Feced III: Los testigos, los protagonistas
Desde el 2 de mayo se suceden, una tras otra, declaraciones de sobrevivientes de la última dictadura cívico militar en los Tribunales Federales de Rosario, en el marco de la causa Feced III, el megajuicio contra trece de los represores que operaron en el mayor centro clandestino de detención que funcionó en la provincia: el ex Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario. Cada relato ofrece un acercamiento al horror, pero también a manifestaciones de solidaridad y resistencia aún en las peores condiciones a las que puede ser sometida la condición humana (ver nota aparte). A lo largo del proceso, se espera que pasen alrededor de trescientos testigos de numerosos delitos como secuestros, torturas, homicidios y desapariciones. Ya lo hicieron 34. Las organizaciones de derechos humanos llaman a “hacer el aguante”.
El expediente está caratulado bajo el título “Ibarra, Ramón Telmo Alcides y Otros s/ Homicidio Agravado p/el Concurso de dos o más personas, Privación Ilegal Libertad Agravada -Art. 142 Inc. 1-, Imposición de Tortura Agravada -Art. 144 Ter. Inc.2-, Abuso Sexual -Art. 119 3° Párrafo- y Asociación Ilícita”.
En el tramo actual del proceso, cada miércoles –día fijado por el tribunal para las audiencias– se vive una nueva jornada histórica. El paso del tiempo parece detenerse en el momento en que los testigos que se sientan frente al tribunal para rememorar lo sufrido. La gestualidad, el llanto incontenible, una risa que se cuela tras una anécdota, el quiebre emocional –imposible de reproducir si no se ve en directo–, tienen un valor inconmensurable para la reconstrucción de los hechos, para la Justicia y para la verdad.
Escuchar las atrocidades que se cometieron en un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar, como el ex Servicio de Informaciones, que funcionó en la antigua Jefatura de Policía de Rosario, permite asomarse –aunque desde muy lejos– a ese plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, e impulsado por los grupos de poder económico local y trasnacional que insertaron a sangre y fuego el neoliberalismo en toda sudamérica durante la década del setenta.
Lo que se desentraña en el juicio, es en concreto, ante una serie de hechos fácticos, cómo se llevó cabo aquel programa sistemático de aniquilación social al servicio de los mismos sectores que hoy dominan el país y el Estado nacional. Con quiénes y através de qué delitos. Que los crímenes sean considerados de lesa humanidad e imprescriptibles, posibilita que la verdad oculta tras más de cuarenta años de impunidad salga a la luz.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Rosario, compuesto por Lilia Carnero, Eugenio Martínez y Aníbal Pineda, está juzgando a 13 imputados por los casos correspondientes a 154 víctimas que estuvieron cautivas en el ex SI, que a pesar de haber sido el mayor centro clandestino de detención y tormentos de los que funcionaron en la provincia, se ubicaba en pleno centro de la ciudad: Dorrego y San Lorenzo.
En el proceso, por diferentes tipos de delitos están acusados los ex agentes de policía Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel González. El cura Eugenio Zitelli murió antes del inicio de las audiencias y zafó de estar en el banquillo de los acusados.
Zitelli no es el único que se salvó del juicio Feced III gracias a un golpe de impunidad divina, genocidas emblemáticos como Jorge Rafael Videla y Ramón Genaro Díaz Bessone o los represores locales Diego Portillo y Ricardo Corrales (se suicidó “lavando sus culpas” con lavandina), también formaron parte del expediente pero murieron antes de que el proceso llegue a la instancia oral y pública.
La causa es conocida como “Feced” por Agustín Feced, el ex comandante de Gendarmería que se hizo cargo en esos años de la Policía de Rosario.
Cada miércoles, en la puerta del palacete de Justicia y dentro de la audiencia, representantes de organizaciones de derecho humanos, sociales, sindicales y políticas, nucleadas en el Espacio Juicio y Castigo, realizan un pequeño aguante a los testigos, sobrevivientes y querellantes.
Los delitos que constituyen la acusación son: privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados –sólo el acusado es Marcote y por dos víctimas–; homicidios agravados –sólo los correspondientes a 20 víctimas y no todos los imputados están acusados por esta figura– y asociación ilícita para quienes no fueron juzgados con anterioridad por este delito.La cantidad de testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el Tribunal es de 322 –entre quienes se encuentran sobrevivientes, familiares, expertos, entre otros–.
Cada miércoles, desde Juicio y Castigo convoca a seguir “haciendo el aguante” a los testigos. “El momento de las testimoniales es uno de los más importantes y conmovedores”, porque “los compañeros y compañeras tienen que rememorar situaciones muy dolorosas que sufrieron ellos y sus familiares”, sostienen las organizaciones de derechos humanos.
“Al mismo tiempo esas declaraciones son actos valientes, reparadores y necesarios para conocer la verdad y que se pueda condenar a los genocidas”, remarcan al mismo tiempo que llaman a “acompañar a los testigos y querellantes, estando presentes en la sala de audiencia y en la puerta del tribunal”.
Foto: Andrés Macera/Cooperativa La Masa
