El plan de exterminio desplegado en la dictadura dejó expuesta su sistematicidad una vez más este jueves en Santa Fe, donde se ventilan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como La Casita. La articulación de la inteligencia militar con las diferentes fuerzas que intervinieron durante el terrorismo de Estado se va haciendo evidente en el proceso, que tramita en paralelo con otra causa en Rosario (Guerrieri III), pero que se encastran como un rompecabezas. El caso de Emilio Feresin, secuestrado junto a Guillermo White en la capital provincial en febrero de 1977, por el que declaró su cuñada Analía Saint Girons, se torna una pieza clave que vincula a los dos expedientes. La causa El Tribunal Oral Federal de Santa Fe lleva adelante desde el jueves 2 de febrero el juicio contra el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; contra el ex comisario de la Seccional

La esposa y la hermana de Guillermo White, uno de los desaparecidos por los que se lleva adelante el juicio contra la patota del Batallón 121 de Inteligencia del Ejército, reconstruyeron la historia de su secuestro y la lucha de su familia.

Por Alfredo Montenegro. Ante el tribunal santafesino, Juane Basso Feresin reconstruyó la memoria de uno de los treinta mil militantes que luchaban por un proyecto revolucionario. “Llegamos al juicio, y seguiremos reclamando saber la verdad, dónde están los desaparecidos, esos treinta mil que buscaban un país construido desde la justicia social. Era el proyecto para democratizar el poder y la economía”, indicó Juane Basso Feresin al declarar en la causa que investiga el homicidio de su padre, el militante montonero Emilio Feresin, y el secuestro y tortura de trece personas que fueron vistas en el centro clandestino La Casita, en Santa Fe. En un contundente y emotivo relato, el militante de Hijos Rosario, no sólo contó la historia de su padre, madre y familia, sino que marcó el proyecto político económico que desató el terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico militar y reivindicó el compromiso de los treinta mil desaparecidos y de ese país con just

Se reinició este viernes el proceso conocido como Causa Guerrieri III, en el que se investigan 47 crímenes de lesa humanidad cometidos por diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército. Las audiencias públicas podrán presenciarse jueves y viernes a partir de las 9.30.

Por Alfredo Montenegro.  “Somos familiares de víctimas del terrorismo”, afirmaba Guillermo Morales, abogado penalista, hijo del militar Domingo Morales, condenado en 2015 en el marco de un juicio por la apropiación de una hija de desaparecidos. El letrado fue uno del grupo de familiares de represores que se presentó en las veredas de los tribunales de Santa Fe, cuando el jueves último comenzó la causa en la que se investiga los secuestros y torturas de trece personas y el homicidio del militante montonero Emilio Feresin. “También soy defensor de personas que están imputadas por los mal llamados juicios de lesa humanidad”, indicó el polémico abogado. Al ser consultado sobre porqué decía que eran «mal llamados de lesa humanidad» a los presentes juicios, indicó: “Porque se creó una categoría de juicios que no estaban incorporadas al derecho en el momento que ocurrieron los hechos. Se incorporó en 1994 cuando se modificó la Constitución nacional, pero la ley penal e

Por Santiago Garat.   En el comienzo de la causa que investiga los secuestros y torturas de trece personas que pasaron por el centro clandestino de detención La Casita, en Santa Fe, y el homicidio del militante montonero Emilio Feresin; un grupo de familiares de represores provocó a quienes acompañaban a las víctimas con las mismas consignas esgrimidas desde el gobierno nacional. En Rosario se reinició Guerrieri III. “Basta del curro de los derechos humanos”, “8.000 verdades, 22.000 mentiras. LIBERTAD a los presos por las mentiras” y “Basta de indemnizaciones millonarias a TERRORISTAS ASESINOS de los ‘70. Las paga ud. Las pago yo. Las pagamos todos”, se leía en los carteles pegados en las inmediaciones de los tribunales federales de la capital provincial donde el pasado jueves comenzó el juicio oral y público contra cinco represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Refor