Nuevo juicio a represores de la dictadura en Rosario: Guerrieri III

Diez integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y La Calamita.


La patota de Guerrieri vuelve al banquillo. Desde el 13 de octubre comenzará en los Tribunales Federales de Rosario el noveno juicio contra represores de la última dictadura cívico-militar realizado en la ciudad. Se conocerá como Guerrieri III por ser el tercer debate oral y público que tendrá al ex teniente coronel retirado Pascual Guerrieri como principal imputado. Acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos, habrá otros nueve ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército que serán juzgados. Se ventilarán los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita y Quinta de Funes contra 47 víctimas del Terrorismo de Estado, 24 de ellas desaparecidas.
La pequeña sala del Tribunal Oral Federal (TOF) en lo Criminal N° 1 de Rosario, volverá a ser escenario de reconstrucción judicial del plan sistemático de exterminio montado en la región, y perpetrado en el marco de genocidio institucionalizado en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas al servicio del poder económico usurparon el Estado Nacional.
A la mayoría de los imputados, que ya fueron condenados en el juicio Guerrieri-Amelong (o Guerrieri I) y en Guerrieri II, y que serán ahora investigados por otros casos, se les suma un represor que hasta el momento no había sido llevado hasta un tribunal oral: Rod­olfo Daniel Isach.
Los diez acusados son los militares (RE) Pasc­ual Oscar Guerrieri, ­Juan Daniel Amelong, ­Jorge Alberto Fariña,­ Mar­ino Héctor González, Alberto Enrique Pelli­za y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dion­isio Pagano, Eduardo ­Rodolfo Costanzo, Ariel López y Juan­ Andrés Cabrera. Más el escurridizo Isach, quien estuvo prófugo durante cuatro años y en  2012 fue detenido en su casa del balneario de Ostende, en el partido bonaerense de Pinamar.
En el proceso se profundizará sobre hechos que ya aparecieron en testimonios escuchados en juicios anteriores, pero que no fueron casos como sí lo serán en esta oportunidad. Buena parte de estos “nuevos” delitos que comenzarán a juzgarse a partir de la semana próxima fueron cometidos en La Calamita, el ex CCD de Granadero Baigorria ubicado en el predio propiedad de la familia Benzadón, que en 1975 fue alquilado por los dirigentes de Rosario Central Osvaldo Rodenas y Natalio Wainstein, quienes los cedieron al Comando del II Cuerpo de Ejército, conducido por Ramón Genaro Díaz Bessone durante el primer año del golpe y luego por Leopoldo Fortunato Galtieri.
Se juzgarán además, por tercera vez, los secuestros, tormentos y homicidios de los 16 militantes que fueron desaparecidos tras su paso por la Quinta de Funes, el perverso y fallido experimento pergeñado por Galtieri para infiltrar y asesinar en México a la cúpula de la organización Montoneros. Aunque en éste habrá un “nuevo” acusado: Isach. A esas víctimas del terrorismo de Estado, que también estuvieron en La Calamita, se le suman en este juicio oral otros casos de detenidos, sobrevivientes y desaparecidos del CCD propiedad de Benzadón.
En el proceso se analizarán esos asesinatos y se buscará conocer la verdad del destino de los desaparecidos Jorge Horacio Novillo, Eduardo José Toniolli, Stella Hillbrand De Del Rosso, Carlos Rodolfo Juan Laluf, Marta María Benassi, Miguel Ángel Tosetti, Oscar Daniel Capella, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Héctor Pedro Retamar, María Adela Reyna Lloveras, Teresa Soria De Sklate, Raquel Ángela Carolina Negro, Marta María Forestello, Liliana Nahs De Bruzzone, Alberto Barber Caixal, Fernando Rubén Messiez, Aníbal Morcabel, Héctor Larrosa, Ernesto Víctor Traverso, Guillermo White, Fernando Feliz Agüero, Rubén Daniel Flores, Edgar Tulio Valenzuela –cuya desaparición ocurrió tiempo después de los hechos juzgados– y Jorge Luis Ruffa –sus restos fueron identificados–.
También se imputa a los acusados los secuestros, privaciones ilegales de la libertad y tormentos de los ex detenidos y sobrevivientes Jaime Feliciano Dri, Carlos Alberto Novillo, Alejandro Luis Novillo, Graciela Inés Zitta, Susana Elena Zitta, Emma Stella Buna, Rafael Bielsa, Carmen Cantalejo, Patricia Beatriz Coria, Francisca Daniela Domínguez, Mercedes Domínguez, Eduardo Francisco Ferreyra, Daniel Ángel Luis Fuhr, Diego Aníbal Walter Fuhr, Juan Carlos Gesualdo, María Amelia González, Luis Megias, Viviana Nardoni, Adriana Del Huerto Quaranta, Laura Esther Repetti, María Luisa Rubinelli y Elena Sarnari.
El tribunal estará integrado por José María Esc­obar Cello, María Ivón Vell­a y Luciano Laurí­a. La acusación está a ­cargo de la Unidad F­iscal de Asistencia p­ara causas por violac­iones a los Derechos ­Humanos durante el te­rrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte. Los querellantes Alicia Gutiérrez, Eduardo Leandro Toniolli, Fernando Dussex, Sebastián Álvarez, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Pablo Del Rosso, Ignacio Laluf, María Rosa White, serán representados legalmente por Nadia Schujman, Matías Gomez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato –integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos–. Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano serán los abogados  por la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Cuentas pendientes

A más cuarenta años de ocurridos los hechos y luego de una década de reapaertura de los juicios a los represores, el que comenzará el 13 de octubre es el noveno debate oral y público por este tipo de delitos, que por tratarse de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado terrorista, son considerados judicialmente imprescriptibles.
Restan aún realizarse importantes juicios de gran cantidad de imputados y por miles de crímenes. Los procesos contra civiles partícipes de la dictadura, ya sean magistrados, clérigos –como el capellán del Servicio de Informaciones, Eugenio Zitelli–, o empresarios y ejecutivos –como los que se apuntan desde el expediente de la represión en Acindar–, están entre las cuentas pendientes de la Justicia Federal de Rosario.

Audiencias

Según informó el Tribunal, las audi­encias orales serán “los días jue­ves y/o viernes, alte­rnativa, separada o c­onjuntamente de cada ­semana”. Los magistrados dispusieron que cada jorna­da se inicie a las 9.30 ­en la sede del Tribun­al ubicado en el edificio de bulevar Oroño entre Rioja y San Luis.

Convocatoria

Las organizaciones de derechos humanos, gremiales, sociales y políticas que acompañan a los testigos y querellantes por delitos de lesa humanidad, nucleados en el espacio Juicio y Castigo Rosario, llamaron a “estar presentes en el inicio de la causa Guerrieri III”.
En esta oportunidad, además de “hacer el aguante a los testigos y querellantes”, el espacio se propone denunciar “que el modelo económico de ajuste, despidos y entrega actual es el mismo que el instaurado por Videla y Martínez de Hoz”. “Mientras Milagro Sala está detenida, los instigadores y beneficiarios de la dictadura como Blaquier, Magneto o Mitre siguen libres y colocan sus CEO’s en el gobierno”, plantearon en su convocatoria.

Imagen: Jerónimo Principiano.