Entrevista con el defensor de represores Gonzalo Miño: “El poder económico usó a los militares”

 

Abogado particular de varios condenados por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, entre sus “clientes” se incluyen criminales de lesa humanidad como el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, o el teniente coronel (re) Fernando Manuel Saint Amant.

Por Juane Basso. Qué pasa por la cabeza de una persona que defiende a los genocidas. No un abogado de oficio de los que provee el Estado para garantizar el derecho de defensa, esos no se pueden negar. Sino uno que se sienta enfrete de un torturador o un jerarca de la dictadura que decidió el secuestro y desaparición de cientos de personas y arregla un honorario para tratar de hacerlo zafar de un proceso en el que estarán sus víctimas junto al público esperando justicia, después de más de treinta años de impunidad. Saber qué piensa ese tipo, en este caso uno de los pocos que toma como particular los casos de los represores en Rosario, Gonzalo Miño, fue el disparador de esta entrevista, que por momentos devino en debate. Su reciente propuesta de llamar para declarar como testigo al máximo referente con vida de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, como el “otro demonio” que está faltando traer a los estrados, fue otra de las razones que nos llevó a encontrarnos con el letrado el pasado jueves 3 de julio, en un bar a una cuadra de los Tribunales Federales de Rosario, y grabar el siguiente reportaje.

 ―En el marco de este proceso de juicios por delitos de lesa humanidad pocas veces se escucha la palabra de los abogados de los imputados, ¿por qué?
―En primer lugar te agradezco la nota porque como vos referías en general es cierto que en los medios aparece la palabra de las querellas, el fiscal, pero no sé por qué los abogados defensores no somos consultados. Pienso que es porque hoy no es políticamente correcto, o porque quizás se prefiere escuchar la versión, digamos, oficial.
―Durante mucho tiempo la palabra de las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes estaba menos legitimada en determinados ámbitos que ahora.
―Es como si los medios fueran de un extremo a otro. Hace años, a los querellantes o a los fiscales no les daban ni pelota. Estos temas no salían, o salían en algunos medios más chicos. Ahora es exactamente al revés. Creo que porque no tenemos término medio en esto. Es una cuestión bastante loca.
―Por otro lado es cierto que la mayoría de los defensores de los imputados por delitos de lesa humanidad son abogados de oficio y quizás no es su trabajo hacer declaraciones, como en los casos de abogados particulares que tienen una relación distinta con sus clientes, de vínculo más ideológico…
―Obviamente los defensores de oficio está limitados en cuanto a que no hacen declaraciones públicas. Ellos hacen su trabajo, es técnico legal, lo hacen en algunos casos muy pero muy bien. Pero están limitados.
―¿A qué se refirió cuando en su último alegato planteó que en estos juicios también deberían estar citados los civiles?
―Yo veo constantemente que en estos juicios, tanto los organismos de derechos humanos como la fiscalía, alegan que lo que hubo fue una dictadura cívico-militar y dicen que no solamente se trató de una cuestión del Ejército, las Fuerzas Armadas, la Policía, sino que hubo una complicidad civil. Bueno, entonces si vamos a revisar la historia judicialmente, yo soy de la idea de que se haga de una manera integral, global y completa. Entonces investiguemos la parte cívica, que creo que no se está haciendo en Santa Fe. No entiendo por qué, no lo sé, tendrán que ser los organismos de derechos humanos y los fiscales quienes digan por qué.
En la causa 050 en Santa Fe, donde se investigó lo que sucedió en la base aérea de Reconquista y en la Jefatura de Policía de esa ciudad, denuncié que dos personas que fueron víctimas, Godoy y Pombiña, denunciaron que habían sido detenidos y apremiados por la gerencia de entonces de la empresa Vicentín. Yo en mi alegato denuncié este hecho, pedí que se cite a los entonces directivos. Es más, alegué, porque me había llegado la información de que los entonces directivos de la empresa se habían apropiado de menores, y no tuvo eco, no hicieron lugar al pedido. Lo ignoraron totalmente. No sé qué pasa en Santa Fe con la pata civil, fijate que en Córdoba, en Mendoza, en Salta, se juzgan empresarios, jueces, políticos. ¿Por qué acá no?. Tocás el tema de (Hermes) Binner. Nosotros lo hemos dicho. Acá hubo imputados en esta causa (Feced II) que lo han dicho.
―Usted lo mencionó en su alegato en la causa Díaz Bessone, citando una declaración de Altamirano. Y en una entrevista me dijo que había otros represores que coincidían en señalar lo mismo.
―Lo dijo Altamirano, lo dijo Nast, hay algunos imputados que cuando amplíen ahora su declaración también lo van a decir. Pero fijate que sale un ex detenido, Carlos Razzetti, quien dice «sí señor, asistió a Adrián Sánchez, detenido, es el doctor Hermes Binner».
―El ex detenido político Adrián Sánchez declaró hace algunas semanas en este juicio, ¿le preguntó por eso?
―Yo a Sánchez no le pregunté específicamente por Binner, porque seguramente me iba a decir que no lo recordaba. Pero sí le pregunté si recordaba haber sido asistido por algún médico y él contestó que no sabe porque estaba vendado, pero que en una oportunidad lo llevan a un escritorio y cree que un enfermero o alguien lo revisa. Con lo cual tenés los elementos por lo menos para investigar. No es que sólo lo dicen los imputados, hay víctimas también. También está el ejemplo de otro señor, Terrazino, de una asociación de ex detenidos (la 22 de Agosto) que dijo que esto de Binner ya lo sabían. Hay elementos para investigar la complicidad. Díaz Bessone declaró que días antes del golpe de Estado lo fue a ver (Rafael) Martínez Raimonda y le pidió que den el golpe. Hay elementos aportados por los imputados que dan cuenta de la complicidad de entonces, porque no fue que a las Fuerzas Armadas se les ocurrió un día dar un golpe de Estado, hubo todo un aparato económico y político que no sé por qué no se investiga en Santa Fe.
―Desde el punto de vista de su trabajo, ¿considera que estos elementos aportan a la defensa de sus clientes?
―No, yo lo hago por una cuestión contextual ideológica. Porque estoy convencido de que si se van a juzgar hechos que ocurrieron en el año 1976 en nuestro país, también debe ser investigado el personal civil. Ese sector, civil, económico, empresarial alentó a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado y les dijo que era patriótico luchar contra la subversión. Muchos empresarios usaron a las FF.AA. y usaron el golpe de Estado para llenarse los bolsillos y hoy no están respondiendo por eso.
―¿Los imputados que usted defiende, comparten con usted esta lectura, le manifiestan algún tipo de despecho por esta situación que usted define de “utilización”?
―Sí, totalmente. No te digo que despecho. Pero sí me han manifestado su desazón por decir bueno, nosotros hicimos lo que consideramos que era correcto, porque una sociedad, políticos, empresarios nos alentaron a eso y ahora qué pasa en cuanto a esa gente, a dónde están los que nos palmeaban la espalda en ese momento.

Juicios políticos

―Usted seguramente ha percibido el descontento que ha generado en repetidas ocasiones entre el público algún planteo o alguna afirmación suya. ¿Qué le provocan esas manifestaciones o cuestionamientos del público y los familiares de las víctimas?
―Entiendo a los familiares y a las víctimas porque a veces es muy difícil pelear contra el sentimiento. Ellos han pasado un momento muy duro. Y entonces uno entiende que pueden confundir la tarea de un defensor con la persona a la cual uno defiende. Yo lo entiendo de parte de ellos, incluso algún insulto. Lo que no entiendo es de las partes técnicas, de los abogados y de la fiscalía.
―En uno de sus alegatos usted ha señalado que estos son “juicios políticos”, que tienen que ver con el actual contexto político. Afirmaciones que han provocado algún que otro abucheo del público. ¿Puede precisar más esa idea?
―Yo no creo que a nivel político se haga una revisión integral de la década del setenta. Creo que hay una visión parcializada. Creo que de las organizaciones subversivas de esa época no hubo una autocrítica, salvo alguna que otra persona que haya dicho «bueno, nosotros hicimos una lucha armada, nos equivocamos y nos fue mal». Dentro de ese panorama creo que no hay una visión completa. Ni los malos fueron tan malos, ni los buenos fueron tan buenos.Y prueba de que no hay una revisión global de la historia es que en estos juicios no se está incluyendo ni a políticos, ni a empresarios, ni a jueces. Porque acá ha salido a la luz que los jueces sabían perfectamente lo que estaba pasando. El ex juez (Guillermo) Tschopp, citado por nuestra defensa, dijo acá que no iba al Servicio de Informaciones porque no lo consideraba necesario. Me parece que un juez tiene que revisar dónde estaban los detenidos. Te doy otro ejemplo. Al señor Elías Carranza lo detienen y él cuenta que a las pocas horas la mujer se comunica con el entonces juez Ramón Ríos, quien hoy está en la Cámara, y cuenta que él tiene conocimiento que lo tienen detenido en la Jefatura. La pregunta que yo me hago es ¿cómo ni siquiera se preocupó por ir a verlo?
―Con respecto a las organizaciones populares de los setenta, por lo que usted viene diciendo interpreto que considera que deberían estar siendo juzgadas. Pero lo que se está juzgando son delitos de lesa humanidad.
―Yo creo que hay que investigar a ambas partes. Y no comparto la teoría de los dos demonios. Pero creo que el país en su momento enfrentó una situación caótica con asesinatos de un lado y de otro. Perón le dijo a la gente de la JUP: «Muchachos, un homicidio es un homicidio independientemente de si está bien o si está mal, si lo hizo la derecha, la izquierda, el centro, arriba o abajo».
―¿Usted equipara lo que ha sido el terrorismo de Estado con las acciones de organizaciones políticas de los sesenta-setenta?
―Independientemente de que jurídicamente uno puede decir esto es mejor o esto es peor, en líneas generales yo considero que todos los crímenes cometidos entre el 76 y el 83, y aún más atrás porque esto arranca desde el 69, se deben investigar.
―Para investigar judicialmente un delito de ese período debe ser imprescriptible.
―Obvio. Pero ni siquiera hay una revisión histórica.
―Debo decirle que yo veo la aparición permanente de trabajos, libros, documentales, películas, programas de TV, charlas, actividades académicas, donde se debate esa etapa de nuestra historia. Pero en los tribunales lo que se debaten son delitos.
―Si, pero no te olvides que estos juicios arrancaron como investigación histórica. Y no hay una revisión histórica en ese sentido. Y creo que hay, perdón por lo que voy a decir, como una vergüenza de aquellos que pertenecieron a Montoneros a decir «yo pertenecí a Montoneros», como que no se animan.
―Tengo un registro diferente de las declaraciones de los sobrevivientes en las que veo una mayoritaria reivindicación de su militancia, de su identidad política.
―Algunos sí y algunos no. Yo valoro cuando lo hacen. Mechetti por ejemplo lo hizo.
―Con respecto a esa lectura que usted hace de los hechos ocurridos durante los sesenta-setenta, le debo manifestar para ser honesto que me encuentro en las antípodas. La citación como testigo de Mario Eduardo Firmenich que usted propuso, tiene que ver con esta visión. ¿Por qué lo convocó?
―Totalmente.Tiene que ver con eso. Yo lo convoco por una cuestión muy básica. Creo que es un testimonio importantísimo. Creo que el fue el líder de Montoneros y creo que su testimonio puede ayudar a echar luz sobre el contexto histórico de cómo se fueron desarrollando los hechos. Él puede contarnos un montón de cosas que a veces no se quieren decir o se tapan que fue cómo nace Montoneros, cual fue su proyecto político, los juicios revolucionarios, el tema de la pastilla de cianuro. Independientemente de que después la Justicia lo valore o no.
―Usted habla de proyecto político de Montoneros y las organizaciones de los setenta, y quiero preguntarle sobre el proyecto político del terrorismo de Estado, porque entiendo que en algún punto usted reconoce que vino a defender e instalar un modelo económico, del poder económico…
―No. Yo no creo que lo que vos llamás terrorismo de Estado haya defendido un modelo. Creo que el modelo económico se montó y los usó a los militares para instalarlo. Los militares en ese sentido cometieron un error de dejarse usar.
―Pero siguiendo esa lógica, los militares, usados o no, lo que sucedió es que en función de intereses que respondían a estos sectores del establishment se desarrolló el terrorismo de Estado y que, como consecuencia, instaló un modelo ligado a ese poder económico.
―Sí, podemos decirlo así. Ahora creo que, aislado, si nos enmarcamos en lo que fue la denominada lucha contra la subversión, creo que la sociedad fue llevando a las Fueras Armadas a eso. Eso es un debate que tenemos que darnos entre todos.
―Pero los delitos específicos que se cometieron por parte del terrorismo de Estado, tienen un nivel de aberración que los pone en un plano de singularidad diferencial, incomparable con cualquier otro delito. La apropiación de menores, la sumisión a la servidumbre en centros clandestinos, las sesiones de torturas y las desapariciones…
―En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que no se puede es generalizar y globalizar. Lo que no coincido es decir: todos hicieron terrorismo de Estado. No. Hay que analizar caso por caso. Y quien resulte responsable debe ser juzgado y quien no debe ser absuelto. Lo que pasa es que nosotros corremos una carrera en la que de antemano sabemos el resultado.
―¿Por qué dice que sabemos el resultado?. ¿Considera que la condena ya está resuelta antes de que se desarrolle el juicio?
―Totalmente. Porque sabemos que van a ser condenados. El caso de Dougour en este juicio es palmario. Nosotros tenemos documentado que no pudo por problemas de salud estar en el lugar de los hechos investigados. Sin embargo hay gente que dice que lo vio operando mientras estaba internado. Hay que ver caso por caso. No es lo mismo Massera o Bussi, que Dougour, Vallejos o Nast.
―Pero en la mayoría de las sentencias no son las mismas penas. Y hay absueltos. Sino todos serían condenados.
―Muy pocos absueltos hay, vamos a ser sinceros.
―No sé si es tan poco el número, si tenemos en cuenta que de la cantidad de condenados, que asciende a 531, hay 56 absueltos.
―La verdad no tengo los datos, ¿para qué te voy a mentir?

Una cuestión de elección

―¿Por qué considera que es contratado recurrentemente por imputados de juicios por delitos de lesa humanidad?
―Primero debería preguntarles a los imputados. Supongo que debe ser porque lamentablemente no hay muchos abogados que se dediquen a la defensa de los militares. Supongo que somos muy pocos en el país quienes realmente nos dedicamos a la defensa de militares y el hecho de haber participado de varios juicios uno ya conoce la mecánica y corre con cierta ventaja sobre el resto de los defensores. Yo me siento en el bar de Tribunales y me dicen, «cómo defendés a los militares, estás loco, qué te pasa». Debería ser algo normal, que un abogado defienda a militares. Se defiende a narcotraficantes, a asesinos, todos tienen derecho a defensa.
―¿No es lógico que por lo que representan buena parte de las personas imputadas por delitos de lesa humanidad se le pueda plantear una contradicción a cualquiera frente a semejantes crímenes?
―Yo respeto a la persona que por una cuestión de conciencia no los defiende, como hay gente que me dice que no defiende a violadores, está perfecto. Pero hay mucha gente que no los defiende porque políticamente no es correcto hoy. No te voy a dar nombres pero hace poco una persona que fue a concursar como juez, me decía «no, mirá si me aparece en mi currículum esto». Hay como un miedo a lo que no es políticamente correcto, eso me parece espantoso.
―¿No cree que también hay una identificación de los imputados con algunas de las afirmaciones que usted hace?
―Puede ser. Pero también he tenido voces de abogados que me han recriminado que yo insista con la pata civil. Algo que me han recriminado también otros imputados que me he cruzado en algún penal.

Los defendidos de Miño

En este momento, en el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2, el abogado Gonzalo Miño representa a seis de los diez imputados en el juicio contra una parte de la patota que actuó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario. En el proceso se juzgan los crímenes cometidos contra cuarenta detenidos políticos, entre los que se incluyen los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas y violaciones, por los que están acusados diez represores del ex SI. En el expediente se ventilan los homicidios de Conrado Galdame y de los ciudadanos peruanos Rory Céspedes Chung y María Antonieta Céspedes Chung. Los represores sentados en el banquilllo son: Eduardo Dugour, Ernesto Vallejo, Pedro Travagliente, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Julio Héctor Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, José Rubén Lo Fiego (ya condenado a prisión perpetua) y Ricardo José Torres. La causa es un desprendimiento del expediente “Díaz Bessone” (ex Feced), caratulada “NAST, Lucio César s/ Privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con los delitos de tormentos calificados y asociación ilícita y acumulados”.
Además, ante el TOFNº 1, el abogado de represores también defiende al teniente coronel (re) Fernando Manuel Saint Amant, en un juicio oral en el que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en San Nicolás, San Pedro y Pergamino durante la última dictadura. Allí el principal acusado es su defendido, quien fue el jefe del Área Militar 131 con asiento en San Nicolás. En ese proceso donde se tratan 76 casos de víctimas del terrorismo de Estado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y homicidio, también están imputados Edgardo Mastandrea, Juan Antonio Benvenutto, Antonio Bossié, Daniel Fernando Quintana, Julio Alberto Almada, Luis Alberto Sinigaglia, Juan Alberto González, Miguel Ángel Lucero, Roberto Guerrina, Norberto Ferrero, Clementino Rojas, Carlos Enrique Rocca, Guillermo Miguel Adrover y Arnaldo Nasiff Bolmeni.

Continuará

La entrevista con Gonzalo Miño se prolongó por más de una hora, en la que el abogado de los represores aceptó preguntas de todo tipo y pudo desplegar “su mirada” del período de los sesenta-setenta, sobre la violencia armada y el contexto político actual en el que se desarrollan los juicios por delitos de lesa humanidad. El material que no entró en estas páginas, posiblemente sea incluido en un próximo artículo de El Eslabón o en nuestro diario digital Redacción Rosario.
Artículo publicado en la edición 150 del semanario El Eslabón.

Foto: Manuel Costa.