Juicio Guerrieri II: Los represores pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias
El Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario iniciará este jueves la
ampliación de las indagatorias a los 12 imputados en el juicio oral de
la denominada causa Guerrieri II, que investiga delitos de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura en la órbita del
Batallón 121 de Inteligencia. “Que digan toda la verdad que han escondido”, reclamaron desde la agrupación HIJOS.
Los jueces entrerrianos que conforman el TOF1 de Rosario para este juicio, Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, escucharán este jueves y viernes a los acusados, mientras que la semana próxima comenzarían los alegatos, en la parte final de juicio, añadieron los informantes.
Según adelantaron en anteriores audiencias los defensores de los imputados –12 militares y personal de civil de inteligencia retirados–, varios de ellos manifestaron su voluntad de volver a declarar en el juicio.
En ese marco desde la agrupación Hijos Rosario reclamaron a los imputados “que digan toda la verdad que han escondido”.
Gerardo Fernández, uno de los referentes de la agrupación de lucha por los derechos humanos, señaló que “la reciente aparición de documentos en el Ministerio de Defensa dan cuenta de lo que siempre supimos, que la burocracia del terrorismo de Estado registró todos sus movimientos, es decir que la información estaba”.
Fernández planteó en ese sentido que “por eso, ahora que en este juicio los represores dicen que van a hablar, les exigimos que nos digan a dónde están los cuerpos de los compañeros desaparecidos, a dónde está el otro mellizo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nuestro hermano y que digan quiénes fueron los empresarios que financiaron el genocidio”. “Eso es lo que nos interesa escuchar de estos reos”, añadió el militante de Hijos.
En la denominada causa Guerrieri II están acusados por delitos de lesa humanidad como homicidios, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes ya fueron condenados a prisión perpetua en la primera parte del juicio, sustanciado en 2009. A este debate oral que se inició en agosto pasado se sumaron los imputados Marino González, Joaquín Gurrera, Ariel Porra, Alberto Pelliza, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Carlos Sfulcini.
Los doce están acusados de delitos imprescriptibles cometidos en cinco centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron durante la última dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe, en el circuito represivo que operó el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Se trata de los CCD llamados Quinta de Funes; La Intermedia; Escuela Magnasco; Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu” y La Calamita, recordaron fuentes judiciales.
En el curso de las audiencias se ventilaron los casos de 27 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 14 homicidios de personas detenidas ilegalmente entre 1977 y 1978.
Caber recordar que en la Quinta de Funes la desaparecida Raquel Negro estaba embarazada de mellizos, uno de los dos, Sabrina, recuperó su identidad en 2008, mientras el otro sigue siendo buscado por sus familiares, Abuelas e HIJOS.
Los jueces entrerrianos que conforman el TOF1 de Rosario para este juicio, Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, escucharán este jueves y viernes a los acusados, mientras que la semana próxima comenzarían los alegatos, en la parte final de juicio, añadieron los informantes.
Según adelantaron en anteriores audiencias los defensores de los imputados –12 militares y personal de civil de inteligencia retirados–, varios de ellos manifestaron su voluntad de volver a declarar en el juicio.
En ese marco desde la agrupación Hijos Rosario reclamaron a los imputados “que digan toda la verdad que han escondido”.
Gerardo Fernández, uno de los referentes de la agrupación de lucha por los derechos humanos, señaló que “la reciente aparición de documentos en el Ministerio de Defensa dan cuenta de lo que siempre supimos, que la burocracia del terrorismo de Estado registró todos sus movimientos, es decir que la información estaba”.
Fernández planteó en ese sentido que “por eso, ahora que en este juicio los represores dicen que van a hablar, les exigimos que nos digan a dónde están los cuerpos de los compañeros desaparecidos, a dónde está el otro mellizo de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nuestro hermano y que digan quiénes fueron los empresarios que financiaron el genocidio”. “Eso es lo que nos interesa escuchar de estos reos”, añadió el militante de Hijos.
En la denominada causa Guerrieri II están acusados por delitos de lesa humanidad como homicidios, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, quienes ya fueron condenados a prisión perpetua en la primera parte del juicio, sustanciado en 2009. A este debate oral que se inició en agosto pasado se sumaron los imputados Marino González, Joaquín Gurrera, Ariel Porra, Alberto Pelliza, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Carlos Sfulcini.
Los doce están acusados de delitos imprescriptibles cometidos en cinco centros clandestinos de detención (CCD) que funcionaron durante la última dictadura en el sur de la provincia de Santa Fe, en el circuito represivo que operó el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Se trata de los CCD llamados Quinta de Funes; La Intermedia; Escuela Magnasco; Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu” y La Calamita, recordaron fuentes judiciales.
En el curso de las audiencias se ventilaron los casos de 27 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 14 homicidios de personas detenidas ilegalmente entre 1977 y 1978.
Caber recordar que en la Quinta de Funes la desaparecida Raquel Negro estaba embarazada de mellizos, uno de los dos, Sabrina, recuperó su identidad en 2008, mientras el otro sigue siendo buscado por sus familiares, Abuelas e HIJOS.
