Juicio Guerrieri II: Declararon Alicia Bernal y Horacio Verbitsky
El presidente del Cels, Horacio Verbitsky, declaró este jueves como
testigo ante el TOF1 en el juicio por la causa Guerrieri II y reconoció
un documento de la entidad que fue aportado como prueba.
El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) brindó detalles sobre la declaración tomada por la entidad en 1983 al ex personal de Inteligencia Gustavo Francisco Bueno, que forma parte de la prueba incorporada al juicio oral en el que son juzgados 12 militares y personal civil de inteligencia retirados. También declaró en la audiencia Alicia Bernal, hija de crianza del militante comunista desaparecido Rubén Tito Messiez, cuyo caso se ventila en el proceso oral.
En su declaración, Verbitsky dio un marco general sobre la última dictadura y sus vínculos con la Iglesia y los grupos económicos.
“Prácticamente no hay centro clandestino donde no haya habido un capellán”, declaró Verbitsky.
Añadió que “la función del capellán es la asistencia espiritual, pero hubo muchos testimonios de que además de esa asistencia a policías y militares, también participaban en interrogatorios a personas privadas de su libertad”.
En esa línea, explicó que los representantes eclesiales “incluso participaban en los interrogatorios y pedían que colaboraran con sus captores a cambio de no ser castigados”.
En cuanto a la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, el periodista puntualizó que “la zona industrial de Rosario es una de las más castigadas”, y que la represión “se profundiza con el comienzo de la dictadura”.
Explicó que la represión “consistía en secuestros y asesinatos, detenciones policiales que luego del golpe del 76 se convirtieron en desapariciones forzadas”.
“En cuanto a la participación empresarial, las dos principales son Acindar y Techint”, dijo en relación a las firmas ubicadas en la provincia de Santa Fe.
“En la primera había un destacamento policial que funcionaba adentro de la empresa, y había una confusión entre la empresa privada y el Estado. La empresa denunciaba trabajadores y el Estado los desaparecía”, completó.
Y aclaró que “la mayoría eran trabajadores sindicalizados y no militantes de la guerrilla”.
También declaró en la audiencia de este jueves Alicia Bernal, hija de crianza del militante comunista desaparecido Rubén Tito Messiez, cuyo caso se ventila en el juicio oral.
Contó que su padre fue secuestrado el 22 de agosto de 1977 en una imprenta del centro de Rosario, al que fue a buscar un trabajo que “tenía que ver con su militancia partidaria” porque “estaba a cargo del aparato de propaganda del PC provincial”.
Relató que tras el secuestro la familia pudo reconstruir parte de lo ocurrido y que su padre habría sido llevado a la localidad de Granadero Baigorria, donde funcionó el centro clandestino de detenciones conocido como “La Calamita”.
La Calamita formó parte del circuito represivo que durante la última dictadura estaba bajo la órbita del Batallón 121 de Inteligencia de Rosario, cuyos integrantes también operaron en otros cuatro centros clandestinos.
En la causa Guerrieri II están imputados Pascual Guerrieri; Daniel Amelong; Alberto Fariña; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Marino González; Ariel Porra; Alberto Pelliza; Ariel López; Andrés Cabrera; Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera.
En el juicio oral iniciado el 9 de agosto pasado se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos contra 27 víctimas, entre ellas 14 que fueron asesinadas.
El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) brindó detalles sobre la declaración tomada por la entidad en 1983 al ex personal de Inteligencia Gustavo Francisco Bueno, que forma parte de la prueba incorporada al juicio oral en el que son juzgados 12 militares y personal civil de inteligencia retirados. También declaró en la audiencia Alicia Bernal, hija de crianza del militante comunista desaparecido Rubén Tito Messiez, cuyo caso se ventila en el proceso oral.
En su declaración, Verbitsky dio un marco general sobre la última dictadura y sus vínculos con la Iglesia y los grupos económicos.
“Prácticamente no hay centro clandestino donde no haya habido un capellán”, declaró Verbitsky.
Añadió que “la función del capellán es la asistencia espiritual, pero hubo muchos testimonios de que además de esa asistencia a policías y militares, también participaban en interrogatorios a personas privadas de su libertad”.
En esa línea, explicó que los representantes eclesiales “incluso participaban en los interrogatorios y pedían que colaboraran con sus captores a cambio de no ser castigados”.
En cuanto a la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, el periodista puntualizó que “la zona industrial de Rosario es una de las más castigadas”, y que la represión “se profundiza con el comienzo de la dictadura”.
Explicó que la represión “consistía en secuestros y asesinatos, detenciones policiales que luego del golpe del 76 se convirtieron en desapariciones forzadas”.
“En cuanto a la participación empresarial, las dos principales son Acindar y Techint”, dijo en relación a las firmas ubicadas en la provincia de Santa Fe.
“En la primera había un destacamento policial que funcionaba adentro de la empresa, y había una confusión entre la empresa privada y el Estado. La empresa denunciaba trabajadores y el Estado los desaparecía”, completó.
Y aclaró que “la mayoría eran trabajadores sindicalizados y no militantes de la guerrilla”.
También declaró en la audiencia de este jueves Alicia Bernal, hija de crianza del militante comunista desaparecido Rubén Tito Messiez, cuyo caso se ventila en el juicio oral.
Contó que su padre fue secuestrado el 22 de agosto de 1977 en una imprenta del centro de Rosario, al que fue a buscar un trabajo que “tenía que ver con su militancia partidaria” porque “estaba a cargo del aparato de propaganda del PC provincial”.
Relató que tras el secuestro la familia pudo reconstruir parte de lo ocurrido y que su padre habría sido llevado a la localidad de Granadero Baigorria, donde funcionó el centro clandestino de detenciones conocido como “La Calamita”.
La Calamita formó parte del circuito represivo que durante la última dictadura estaba bajo la órbita del Batallón 121 de Inteligencia de Rosario, cuyos integrantes también operaron en otros cuatro centros clandestinos.
En la causa Guerrieri II están imputados Pascual Guerrieri; Daniel Amelong; Alberto Fariña; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Marino González; Ariel Porra; Alberto Pelliza; Ariel López; Andrés Cabrera; Carlos Sfulcini y Joaquín Gurrera.
En el juicio oral iniciado el 9 de agosto pasado se ventilan delitos de lesa humanidad cometidos contra 27 víctimas, entre ellas 14 que fueron asesinadas.
