Juicio Díaz Bessone: La fiscalía pidió ampliar las acusaciones
Gonzalo Stara, el fiscal del juicio oral que se realiza contra los represores de la dictadura que actuaron en la Jefatura de policía de Rosario, solicitó ampliar la acusación contra los imputados. Este martes declara la jueza Laura Cosidoy, quien fue propuesta como testigo por los abogados de los acusados.
En la audiencia de este lunes del juicio Díaz Bessone no hubo declaraciones, ya que el teniente coronel Miguel Ángel Gallay, el único testigo que se esperaba para la jornada ‒propuesto por los defensores de los imputados‒, se ausentó por motivos de salud.
Por su parte, el representante de la unidad fiscal, Gonzalo Stara, realizó un planteo de “ampliación del requerimiento de elevación a juicio”, es decir de la acusación contra los imputados que oportunamente hizo la fiscalía.
Stara fundamentó su pedido, entre otros argumentos, en que durante el desarrollo del juicio se produjeron pruebas sobre crímenes por los que los imputados también deberían ser indagados en este proceso.
El fiscal señaló nuevos delitos por los cuales quiere que sean indagados los imputados Ramón Díaz Bessone, José Lo Fiego, Mario Marcote, Carlos Scorteccini y Ramón Vergara. En la lista de la fiscalía no se incluyó a otro de los imputados, el civil Ricardo Chomicky.
Entre los crímenes que enumeró Stara, mencionó “la práctica sistemática de violaciones” contra las detenidas; una constante que se repitió a lo largo de las declaraciones de los y las sobrevivientes del centro clandestino de detención que se investiga en este juicio ‒el que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario‒.
A su turno, los abogados de las querellas adhirieron al planteo de la fiscalía. Luego el tribunal informó que los defensores de los imputados tendrán tiempo hasta el 30 de mayo para responder a la solicitud de Stara.
El juicio continuará este martes a las 11 con la declaración de la jueza Laura Inés Cosidoy, quien fue varias veces cuestionada por ex detenidos políticos que la tuvieron como defensora oficial durante la dictadura.
Cosidoy fue propuesta como testigo por los defensores de los represores Mario Marcote, Carlos Scorteccini y Ramón Vergara.
La semana pasada, la agrupación HIJOS Rosario recusó a Cosidoy en el marco de otra causa contra el terrorismo de estado que "cayó" en el ribunal oral federal N°1 de Rosario, el cual ella integra.
HIJOS pidió que la jueza sea separada de ese proceso por el vínculo ‒hecho público por ella misma‒ con el dictador Lepoldo Fortunato Galtieri, y por las denuncias realizadas por varios de los ex detenidos políticos, quienes cuestionaron su rol como defensora oficial durante la dictadura.
En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los imputados están están acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.
Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación.
Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.
En la audiencia de este lunes del juicio Díaz Bessone no hubo declaraciones, ya que el teniente coronel Miguel Ángel Gallay, el único testigo que se esperaba para la jornada ‒propuesto por los defensores de los imputados‒, se ausentó por motivos de salud.
Por su parte, el representante de la unidad fiscal, Gonzalo Stara, realizó un planteo de “ampliación del requerimiento de elevación a juicio”, es decir de la acusación contra los imputados que oportunamente hizo la fiscalía.
Stara fundamentó su pedido, entre otros argumentos, en que durante el desarrollo del juicio se produjeron pruebas sobre crímenes por los que los imputados también deberían ser indagados en este proceso.
El fiscal señaló nuevos delitos por los cuales quiere que sean indagados los imputados Ramón Díaz Bessone, José Lo Fiego, Mario Marcote, Carlos Scorteccini y Ramón Vergara. En la lista de la fiscalía no se incluyó a otro de los imputados, el civil Ricardo Chomicky.
Entre los crímenes que enumeró Stara, mencionó “la práctica sistemática de violaciones” contra las detenidas; una constante que se repitió a lo largo de las declaraciones de los y las sobrevivientes del centro clandestino de detención que se investiga en este juicio ‒el que funcionó en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario‒.
A su turno, los abogados de las querellas adhirieron al planteo de la fiscalía. Luego el tribunal informó que los defensores de los imputados tendrán tiempo hasta el 30 de mayo para responder a la solicitud de Stara.
El juicio continuará este martes a las 11 con la declaración de la jueza Laura Inés Cosidoy, quien fue varias veces cuestionada por ex detenidos políticos que la tuvieron como defensora oficial durante la dictadura.
Cosidoy fue propuesta como testigo por los defensores de los represores Mario Marcote, Carlos Scorteccini y Ramón Vergara.
La semana pasada, la agrupación HIJOS Rosario recusó a Cosidoy en el marco de otra causa contra el terrorismo de estado que "cayó" en el ribunal oral federal N°1 de Rosario, el cual ella integra.
HIJOS pidió que la jueza sea separada de ese proceso por el vínculo ‒hecho público por ella misma‒ con el dictador Lepoldo Fortunato Galtieri, y por las denuncias realizadas por varios de los ex detenidos políticos, quienes cuestionaron su rol como defensora oficial durante la dictadura.
En este juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los imputados están están acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.
Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación.
Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Varaban y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.
