Juicio Díaz Bessone: El peso de la corporación
Por Juane Basso.Los magistrados que llevan adelante el juicio contra la patota de la dictadura que operó en el Servicio de Informaciones de la policía, denegaron este lunes el pedido de nulidad de la testimonial de la jueza Lura Cosidoy, quien había declarado el martes pasado a pedido de los represores.
El martes pasado las partes acusadoras del juicio habían solicitado la nulidad del testimonio de Cosidoy, ya que esta se había autorrelevado del secreto profesional y leído en la audiencia correspondencia que le enviaban los ex presos políticos que ella atendió como abogada de oficio, con el intento de desautorizar las críticas que los ex detenidos le realizaron a lo largo de este proceso.
Cosidoy pretendió utilizar como prueba de su “buen desempeño” como defensora oficial durante la dictadura, las misivas que le escribían, en total indefensión y privados de su libertad, los hombres y mujeres que habían sido primero secuestrados ilegalmente, luego torturados y mantenidos en cautiverio por el gobierno de facto.
Ante el absurdo de la estrategia de Cosidoy, quien incluso llamó “mentirosos” a los testigos, los jueces del Tribunal Oral Tederal (TOF) N°2 hicieron prevalecer el vínculo corporativo que los une con la magistrada, que conforma el otro tribunal oral federal de la ciudad, y resolvieron este lunes denegar el pedido de nulidad de su declaración.
Los jueces Otmar Paulucci, Jorge Venegas y Betriz Baravani consideraron que la publicidad dada por los testigos en las audiencias habilitan las consideraciones personales realizadas por Cosidoy y que las menciones realizadas de las cartas que leyó la jueza, sólo versan sobre su desempeño profesional.
En otro orden, el abogado del Ramón Díaz Bessone, Gonzalo Miño planteó su oposición a la testimonial prevista para este martes, de Marie Monique Robin ‒autora francesa de un documental sobre el terrorismo de estado en Argentina‒, pero el TOF rechazó la solicitud por “extemporánea”.
En este juicio, que lleva adelante el TOF N° 2 de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los imputados están son acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.
El martes pasado las partes acusadoras del juicio habían solicitado la nulidad del testimonio de Cosidoy, ya que esta se había autorrelevado del secreto profesional y leído en la audiencia correspondencia que le enviaban los ex presos políticos que ella atendió como abogada de oficio, con el intento de desautorizar las críticas que los ex detenidos le realizaron a lo largo de este proceso.
Cosidoy pretendió utilizar como prueba de su “buen desempeño” como defensora oficial durante la dictadura, las misivas que le escribían, en total indefensión y privados de su libertad, los hombres y mujeres que habían sido primero secuestrados ilegalmente, luego torturados y mantenidos en cautiverio por el gobierno de facto.
Ante el absurdo de la estrategia de Cosidoy, quien incluso llamó “mentirosos” a los testigos, los jueces del Tribunal Oral Tederal (TOF) N°2 hicieron prevalecer el vínculo corporativo que los une con la magistrada, que conforma el otro tribunal oral federal de la ciudad, y resolvieron este lunes denegar el pedido de nulidad de su declaración.
Los jueces Otmar Paulucci, Jorge Venegas y Betriz Baravani consideraron que la publicidad dada por los testigos en las audiencias habilitan las consideraciones personales realizadas por Cosidoy y que las menciones realizadas de las cartas que leyó la jueza, sólo versan sobre su desempeño profesional.
En otro orden, el abogado del Ramón Díaz Bessone, Gonzalo Miño planteó su oposición a la testimonial prevista para este martes, de Marie Monique Robin ‒autora francesa de un documental sobre el terrorismo de estado en Argentina‒, pero el TOF rechazó la solicitud por “extemporánea”.
En este juicio, que lleva adelante el TOF N° 2 de Rosario están sentados en el banquillo de los acusados al ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los imputados están son acusados de integrar el aparto represivo que operó entre 1976 y 1979 en el entonces Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, el centro clandestino de detenciones más importante del sur de la provincia de Santa Fe.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Se estima que por ese lugar pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
Esta parte de la causa Díaz Bessone que fue elevada a juicio oral, tiene 91 víctimas del terrorismo de Estado y más de 160 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el SI durante el primer año de la última dictadura.
El TOF 2 está integrado por los jueces Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, mientras que el equipo fiscal que lleva adelante la acusación está conformado por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta.
