Los alegatos de las querellas
A 33 años de ocurridos los delitos que juzga el Tribunal Oral Federal de Rosario N°1, las abogadas y militantes de la agrupación HIJOS, expusieron este martes su acusación final contra los cinco imputados del primer juicio contra represores de la dictadura en Rosario.
“Queremos que este proceso haya tenido sentido para los testigos y las víctimas que tuvieron que venir aquí a exponer su dolor, volver a transitar, a renovar lo que vivieron”, solicitaron las jóvenes letradas a los magistrados. En un extenso, pormenorizado y detallista alegato ‒es decir la acusación final‒, las abogadas Ana Oberlin y Nadia Schujman, analizaron el contexto de los hechos que se les imputan a los represores de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica de Armas, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
Las representantes de la querella encuadraron los delitos en “un plan sistemático” aplicado en todo el país y “cometido en el marco de un genocidio”, y realizaron una minuciosa descripción de cada uno de los delitos fundados en la prueba testimonial y documental producida a lo largo de juicio, tras lo cual justificaron su pedido de “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” para todos los acusados.
“Sin dudas lo deseable hubiera sido que la Justicia llegara mucho antes, cuando todavía podían “gozarla” muchas personas que tristemente hoy no están acá, como Fidel Toniolli y Cecilia Nazábal, que tanto hicieron para que llegara este momento y no pudieron verlo”, comenzó diciendo la doctora Schujman, quien también lamentó la tardanza de la justicia “para varios de los culpables que hoy no están en el banquillo de los acusados, porque han muerto, cómo el General Galtieri, Juvenal Pozzi o Jáuregui, que se dieron el lujo de morir impunes”.
La letrada destacó el valor de la realización de este juicio, entre otras, por permitirles “hablar de cosas que durante muchos años quisieron obligarnos a callar, a olvidar: de los desaparecidos, de los sobrevivientes de los ccds, de quiénes eran, que querían, por qué luchaban, de las razones por las que los desaparecieron, los secuestraron, los torturaron, los violaron, se robaron a sus hijos, sus bienes, destrozaron sus vidas y las de sus familia”.
La abogada de HIJOS dio un duro golpe al falso nacionalismo varias veces esbozado por los represores, cuando indicó: “Estos juicios, deben marcar también un antes y un después para las Fuerzas Armadas de nuestro país. Condenar a quienes se desviaron del rol que les asigna nuestra Constitución Nacional, debe ser un ejemplo para las nuevas generaciones de sus integrantes, que ya no deberían cargar con la responsabilidad de lo cometido por los genocidas y podrán así retomar el diálogo histórico con la generación de los Libertadores encarnados en la figura de José de San Martín, quien dijo cuando fue llamado a reprimir las protestas del interior del país: “jamas derramare la sangre de mis compatriotas”.
Schujman graficó el objetivo del terrorismo de estado señalado que “fueron inescindibles, por un lado, el accionar represivo desplegado por las Fuerzas Armadas, y por el otro, la voluntad convergente de sectores concentrados de la economía nacional e internacional en transformar radicalmente la estructura económica, productiva y social de nuestro país, y reformular profundamente el rol del Estado”, y luego agregó que “la brutalidad del esquema represivo puesto en funcionamiento durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, no fue producto de la “demencia” de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, si no el resultado de un plan sistemático gestado al calor de un intento de restauración de las clases dominantes de nuestro país y de sus aliados externos”.
Schujman ilustró con citas a la jurisprudencia nacional e internacional, la configuración del “plan sistemático de represión” montado por la dictadura, y luego se condujo a la descripción de la inserción de los centros clandestinos de detención –Quinta de Funes, La Calamita, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar de Armas– que forman parte de la causa en ese plan.
La carga de la prueba.
El alegato de HIJOS continuó en palabras de la abogada -e hija de desaparecidos-, Ana Oberlin, quien hizo una descripción de los destinos sufridos por los familiares de sus representados, los desaparecidos Eduardo Toniolli, Fernando Dante Dusex, Raquel Negro, y resaltó el valor de la mayoría de las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes, entre las que se destacaron las de Jaime Dri ‒único testigo vivo de la Quinta de Funes‒, Olga Moyano, Carlos y Alejandro Novillo, Stella Buna y otros.
Oberlin se encargó de recordar toda la prueba testimonial que inculpa a los cinco represores enjuiciados, como las que acreditaron “las durísimas torturas” a las que fueron sometidos la totalidad de los detenidos desaparecidos de la causa, el reconocimiento por parte de varios de los ex detenidos del “rostro de sus captores”, la documentación aportada por “información desclasificada de los Estados Unidos, México, Paraguay y el propio Estado Nacional”, que compromete a los imputados.
El caso de Raquel
Con relación al caso de la desaparecida Raquel Negro, que fue secuestrada junto a su hijo de dos años y estaba embarazada de mellizos, Oberlin se detuvo especialmente para destacar “el particular estado en el que Raquel Negro trascurrió su cautiverio”. La abogada recordó que “ fue demostrado en el procesos que Raquel estaba embarazada de casi 7 meses, de mellizos, al momento de su secuestro”.
“En estas circunstancias –señaló Oberlin a los jueces‒, en las cuales cualquier mujer atraviesa por un momento especial tanto respecto a las modificaciones físicas como emocionales, Raquel fue sometida a múltiples situaciones de degradación, como el resto de sus compañeros y compañeras de cautiverio, pero con el agravante de que su estado la colocaba en un lugar de muchísima más vulnerabilidad. El tribunal pudo ver los lugares en los cuales permaneció detenida y hacerse una idea de las horrendas condiciones en las que vivieron los detenidos principalmente en los ccds conocidos como escuela Magnasco –donde permanecieron tabicados, sin camas, en el suelo y haciendo sus necesidades en un balde”.
Cadena perpetua
Sobre el destino de catorce de los detenidos desparecidos que pasaron por los centros clandestinos investigados en la causa, Oberlín aseguró que “de todo el caudal probatorio analizado en forma integral es claro en el sentido de que los detenidos fueron asesinados y, además, dicha consideración es acorde al marco en el cual se sucedieron estos hechos, dentro de los lineamientos generales del plan sistemático de represión clandestina e ilegal que sufrió nuestro país, donde la decisión de ejecutar a las víctimas y hacer desaparecer sus cuerpos fue una práctica extendida, como se probara ya en la causa 13”.
Al cierre del largo y fundado alegato ‒que duró unas siete horas entre lunes y martes-, y luego de detallar la prueba producida a lo largo de cinco meses de juicio contra cada uno de los imputados, Oberlín señaló que los cinco imputados “deberán responder en calidad de coautores por los delitos que ya mencionamos ‒homicidios calificados con alevosía, cometido con el fin de encubrir otros delitos, como la aplicación de tormentos por ser perseguidos políticos; y privación ilegítima de la libertad agravada por durar más de un mes, y por mediar violencia y amenazas-, perpetrados en el marco de un plan sistemático de represión clandestina, ya que estos acusados conformaron un grupo operativo organizado en el marco del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que se hizo cargo del secuestro, tortura, desapariciones físicas y muertes de personas”.
Oberlin, concluyó el alegato, con un claro mensaje de la trascendencia histórica que adquiere este juicio para esta generación de jóvenes y para sus compañeros y representados, Eduardo Toniolli (hijo), Fernando Dusex (hijo), Sebastián Álvarez y Sabrina Gaulino (hijos de Raquel Negro).
“Esta sentencia no va a poder reparar lo que los imputados con su accionar doloso generaron ‒apuntó Oberlin‒, no va a poder hacer que Eduardo Toniolli, el hijo, al que también le dicen Cabezón, pueda sentarse a hablar con su papá de política, esa pasión que los unía o que pueda jugar al TEG con él o ir a ver a Ñuls. Tampoco va a hacer que Fernando, el hijo de Fernando Dussex, le pueda contar a su papá que se está por recibir de arquitecto, y que se casó con una mujer extraordinaria. Tampoco va a hacer que Sebastián Álvarez, pueda tomarse unos mates con Raquel su mamá, y contarle lo bien que se lleva con Sabrina, una de los mellizos a quien encontró, de quien fue separado durante más de 30 años. Pero lo que si va a hacer esta sentencia es devolverles la credibilidad en las instituciones del estado y les va a demostrar que ustedes, señores jueces, no son nuevos garantes de la impunidad, y además, va a hacer que los responsables de estos hechos estén donde tendrían que haber estado siempre: en la cárcel. Por eso pedimos prisión perpetua”.
Otros alegatos
Como ya publicó redaccionrosario.com los alegatos comenzaron este lunes 22 de febrero, cuando la representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó su acusación contra los cinco imputados.
Este martes, luego del alegato de HIJOS, fue el turno de las abogadas Daniela Asinari y Gabriela Durruti, representantes de Adela de Forestello, Juan Riveron, y Ramón Verón.
Al cierre de la jornada, desarrolló su acusación final la letrada Virginia Blando, abogada de la también ex detenida de Fábrica de Armas, Adriana Arce.
En todos los casos, la pena solicitada por las querellas coincidió en el pedido de prisión perpetua para los cinco represores del Batallón 121.
El juicio continuará este miércoles con el alegato de la fiscal Mabel Colalongo , quien deberá acusar por la totalidad de las víctimas.
“Queremos que este proceso haya tenido sentido para los testigos y las víctimas que tuvieron que venir aquí a exponer su dolor, volver a transitar, a renovar lo que vivieron”, solicitaron las jóvenes letradas a los magistrados. En un extenso, pormenorizado y detallista alegato ‒es decir la acusación final‒, las abogadas Ana Oberlin y Nadia Schujman, analizaron el contexto de los hechos que se les imputan a los represores de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica de Armas, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.
Las representantes de la querella encuadraron los delitos en “un plan sistemático” aplicado en todo el país y “cometido en el marco de un genocidio”, y realizaron una minuciosa descripción de cada uno de los delitos fundados en la prueba testimonial y documental producida a lo largo de juicio, tras lo cual justificaron su pedido de “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” para todos los acusados.
“Sin dudas lo deseable hubiera sido que la Justicia llegara mucho antes, cuando todavía podían “gozarla” muchas personas que tristemente hoy no están acá, como Fidel Toniolli y Cecilia Nazábal, que tanto hicieron para que llegara este momento y no pudieron verlo”, comenzó diciendo la doctora Schujman, quien también lamentó la tardanza de la justicia “para varios de los culpables que hoy no están en el banquillo de los acusados, porque han muerto, cómo el General Galtieri, Juvenal Pozzi o Jáuregui, que se dieron el lujo de morir impunes”.
La letrada destacó el valor de la realización de este juicio, entre otras, por permitirles “hablar de cosas que durante muchos años quisieron obligarnos a callar, a olvidar: de los desaparecidos, de los sobrevivientes de los ccds, de quiénes eran, que querían, por qué luchaban, de las razones por las que los desaparecieron, los secuestraron, los torturaron, los violaron, se robaron a sus hijos, sus bienes, destrozaron sus vidas y las de sus familia”.
La abogada de HIJOS dio un duro golpe al falso nacionalismo varias veces esbozado por los represores, cuando indicó: “Estos juicios, deben marcar también un antes y un después para las Fuerzas Armadas de nuestro país. Condenar a quienes se desviaron del rol que les asigna nuestra Constitución Nacional, debe ser un ejemplo para las nuevas generaciones de sus integrantes, que ya no deberían cargar con la responsabilidad de lo cometido por los genocidas y podrán así retomar el diálogo histórico con la generación de los Libertadores encarnados en la figura de José de San Martín, quien dijo cuando fue llamado a reprimir las protestas del interior del país: “jamas derramare la sangre de mis compatriotas”.
Schujman graficó el objetivo del terrorismo de estado señalado que “fueron inescindibles, por un lado, el accionar represivo desplegado por las Fuerzas Armadas, y por el otro, la voluntad convergente de sectores concentrados de la economía nacional e internacional en transformar radicalmente la estructura económica, productiva y social de nuestro país, y reformular profundamente el rol del Estado”, y luego agregó que “la brutalidad del esquema represivo puesto en funcionamiento durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, no fue producto de la “demencia” de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, si no el resultado de un plan sistemático gestado al calor de un intento de restauración de las clases dominantes de nuestro país y de sus aliados externos”.
Schujman ilustró con citas a la jurisprudencia nacional e internacional, la configuración del “plan sistemático de represión” montado por la dictadura, y luego se condujo a la descripción de la inserción de los centros clandestinos de detención –Quinta de Funes, La Calamita, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar de Armas– que forman parte de la causa en ese plan.
La carga de la prueba.
El alegato de HIJOS continuó en palabras de la abogada -e hija de desaparecidos-, Ana Oberlin, quien hizo una descripción de los destinos sufridos por los familiares de sus representados, los desaparecidos Eduardo Toniolli, Fernando Dante Dusex, Raquel Negro, y resaltó el valor de la mayoría de las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes, entre las que se destacaron las de Jaime Dri ‒único testigo vivo de la Quinta de Funes‒, Olga Moyano, Carlos y Alejandro Novillo, Stella Buna y otros.
Oberlin se encargó de recordar toda la prueba testimonial que inculpa a los cinco represores enjuiciados, como las que acreditaron “las durísimas torturas” a las que fueron sometidos la totalidad de los detenidos desaparecidos de la causa, el reconocimiento por parte de varios de los ex detenidos del “rostro de sus captores”, la documentación aportada por “información desclasificada de los Estados Unidos, México, Paraguay y el propio Estado Nacional”, que compromete a los imputados.
El caso de Raquel
Con relación al caso de la desaparecida Raquel Negro, que fue secuestrada junto a su hijo de dos años y estaba embarazada de mellizos, Oberlin se detuvo especialmente para destacar “el particular estado en el que Raquel Negro trascurrió su cautiverio”. La abogada recordó que “ fue demostrado en el procesos que Raquel estaba embarazada de casi 7 meses, de mellizos, al momento de su secuestro”.
“En estas circunstancias –señaló Oberlin a los jueces‒, en las cuales cualquier mujer atraviesa por un momento especial tanto respecto a las modificaciones físicas como emocionales, Raquel fue sometida a múltiples situaciones de degradación, como el resto de sus compañeros y compañeras de cautiverio, pero con el agravante de que su estado la colocaba en un lugar de muchísima más vulnerabilidad. El tribunal pudo ver los lugares en los cuales permaneció detenida y hacerse una idea de las horrendas condiciones en las que vivieron los detenidos principalmente en los ccds conocidos como escuela Magnasco –donde permanecieron tabicados, sin camas, en el suelo y haciendo sus necesidades en un balde”.
Cadena perpetua
Sobre el destino de catorce de los detenidos desparecidos que pasaron por los centros clandestinos investigados en la causa, Oberlín aseguró que “de todo el caudal probatorio analizado en forma integral es claro en el sentido de que los detenidos fueron asesinados y, además, dicha consideración es acorde al marco en el cual se sucedieron estos hechos, dentro de los lineamientos generales del plan sistemático de represión clandestina e ilegal que sufrió nuestro país, donde la decisión de ejecutar a las víctimas y hacer desaparecer sus cuerpos fue una práctica extendida, como se probara ya en la causa 13”.
Al cierre del largo y fundado alegato ‒que duró unas siete horas entre lunes y martes-, y luego de detallar la prueba producida a lo largo de cinco meses de juicio contra cada uno de los imputados, Oberlín señaló que los cinco imputados “deberán responder en calidad de coautores por los delitos que ya mencionamos ‒homicidios calificados con alevosía, cometido con el fin de encubrir otros delitos, como la aplicación de tormentos por ser perseguidos políticos; y privación ilegítima de la libertad agravada por durar más de un mes, y por mediar violencia y amenazas-, perpetrados en el marco de un plan sistemático de represión clandestina, ya que estos acusados conformaron un grupo operativo organizado en el marco del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que se hizo cargo del secuestro, tortura, desapariciones físicas y muertes de personas”.
Oberlin, concluyó el alegato, con un claro mensaje de la trascendencia histórica que adquiere este juicio para esta generación de jóvenes y para sus compañeros y representados, Eduardo Toniolli (hijo), Fernando Dusex (hijo), Sebastián Álvarez y Sabrina Gaulino (hijos de Raquel Negro).
“Esta sentencia no va a poder reparar lo que los imputados con su accionar doloso generaron ‒apuntó Oberlin‒, no va a poder hacer que Eduardo Toniolli, el hijo, al que también le dicen Cabezón, pueda sentarse a hablar con su papá de política, esa pasión que los unía o que pueda jugar al TEG con él o ir a ver a Ñuls. Tampoco va a hacer que Fernando, el hijo de Fernando Dussex, le pueda contar a su papá que se está por recibir de arquitecto, y que se casó con una mujer extraordinaria. Tampoco va a hacer que Sebastián Álvarez, pueda tomarse unos mates con Raquel su mamá, y contarle lo bien que se lleva con Sabrina, una de los mellizos a quien encontró, de quien fue separado durante más de 30 años. Pero lo que si va a hacer esta sentencia es devolverles la credibilidad en las instituciones del estado y les va a demostrar que ustedes, señores jueces, no son nuevos garantes de la impunidad, y además, va a hacer que los responsables de estos hechos estén donde tendrían que haber estado siempre: en la cárcel. Por eso pedimos prisión perpetua”.
Otros alegatos
Como ya publicó redaccionrosario.com los alegatos comenzaron este lunes 22 de febrero, cuando la representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó su acusación contra los cinco imputados.
Este martes, luego del alegato de HIJOS, fue el turno de las abogadas Daniela Asinari y Gabriela Durruti, representantes de Adela de Forestello, Juan Riveron, y Ramón Verón.
Al cierre de la jornada, desarrolló su acusación final la letrada Virginia Blando, abogada de la también ex detenida de Fábrica de Armas, Adriana Arce.
En todos los casos, la pena solicitada por las querellas coincidió en el pedido de prisión perpetua para los cinco represores del Batallón 121.
El juicio continuará este miércoles con el alegato de la fiscal Mabel Colalongo , quien deberá acusar por la totalidad de las víctimas.
