Juicio "La Casita" de Santa Fe: De los alegatos a la sentencia
El debate oral y público contra criminales de lesa humanidad que se realiza en la capital provincial, se encamina a su desenlace. Querellas y fiscalía pidieron penas que van de las prisión perpetua a los cuatro años de prisión, mientras que las defensas solicitaron que los acusados sean absueltos. El 30 de marzo se conocerá el veredicto.
El juicio contra cinco criminales de lesa humanidad acusados de integrar el aparato represivo de la dictadura en la ciudad de Santa Fe, en un circuito que incluye la Comisaría 4ta, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y el centro clandestino de detención y tormentos conocido como “La Casita”, se acerca a su desenlace. Los alegatos de las querellas y la fiscalía solicitaron penas de prisión perpetua y 25 de prisión para uno de los imputados, de 20 años para otros dos, 15 para la única mujer encartada (todos ex policías) y 4 para un ex juez federal.
En el proceso, iniciado el 2 de febrero, se ventilan delitos cometidos en el marco del genocidio por el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la Seccional 4°, Ricardo Silvio Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo; la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi; y el entonces secretario del Juzgado Federal de Santa Fe –y luego juez–, Víctor Hermes Brusa.
Entre las víctimas de esta causa se encuentra el responsable zonal, para Santa Fe y Paraná, de la agrupación Montoneros, Emilio Osvaldo Feresin, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, aproximadamente un mes después, por las torturas padecidas durante su cautiverio en “La Casita”. También figuran otras 12 personas –11 mujeres y un hombre–, secuestradas y luego torturadas en la Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y la misma “Casita”.
Desaparición y genocidio
Los alegatos de las querellas estuvieron a cargo de las abogadas Nadia Schujman, representante del hijo de Emilio Feresin (Juan Emilio Basso Feresin); y de Alejandra Romero Niklison, apoderada de Blanca Bernasconi, primera esposa del militante montonero desaparecido. Por el Ministerio Público de la Acusación, hizo lo propio el fiscal Martín Suárez Faisal.
La primera en ofrecer su alegato fue Schujman, quien destacó que “los delitos juzgados en este juicio son de lesa humanidad pero también de lesa patria”. Según remarcó la letrada, aquellos crímenes “fueron cometidos con el objetivo de rediseñar la economía de nuestro país, para servir a intereses ajenos a nuestro pueblo, tal cual está probado en la causa Alejandro Olmos que llevó el juez Ballesteros, en la que se demostró la ilegalidad y fraudulencia de la deuda externa contraída durante la dictadura genocida”.
“Este juicio, pequeño en cuanto a la duración, puede ser una muestra de lo que fue el terrorismo de Estado”, indicó Schujman. Y se explayó: “El rol de la inteligencia en la estructura represiva, los secuestros, torturas y homicidios; la coordinación de todas las fuerzas en pos de la represión, las violaciones, abortos forzados y abusos sexuales, el rol del poder judicial y la iglesia. La desaparición forzada, los delitos contra menores de edad, ese proyecto político cultural y sobre todo económico que dejo tantas secuelas en nuestro país”.
La abogada resaltó el trabajo de reconstrucción de lo ocurrido realizado por los testigos y sobrevivientes del juicio. “La labor de investigación en estas causas es una tarea de muchos, debido a que la maquinaria del Estado se dedicó a borrar toda prueba y pese a eso y gracias a esta labor colectiva, se lograron encontrar”, señaló la representante legal de Basso Feresin, y luego amplió la idea: “La memoria, luego de tantos años, puede borrar detalles, pero lo que ha quedado demostrado una vez más, es que lo testigos se apegan a la verdad, y ninguno dice lo que no sabe o no recuerda. Porque la mayor arma para acusar a quienes están sentados aquí es la verdad, siempre ha sido la verdad, esa verdad que como dijo Juan Emilio, es la verdad que nos debe la justicia”.
Schujman subrayó ante el Tribunal que se llegó a esta instancia “luego de 40 años, con mayoría de los imputados que ya fallecieron, al igual que los familiares de Emilio”. “Murió su madre y su padre –completó la abogada–, su mujer María Eugenia Saint Girons, entre muchos otros, pero aquí estoy representando a su hijo, militante de la organización Hijos desde hace muchos años, quien siempre entendió que la dictadura nos sucedió a todos y todas y que el juicio de cada uno es el de todos en la búsqueda de Verdad y Justicia”.
En el marco de la descripción de los hechos, Schujman recordó que el día 10 de febrero de 1977 Emilio Feresin debía encontrarse con el primo hermano de su compañera, Guillermo Horacio White, y que dicha cita se concretó en un bar de Santa Fe donde ambos fueron secuestrados, según los testimonios, en un operativo apoyado un carro militar y vehículos particulares.
También precisó la abogada que por relatos de sobrevivientes se conoció que Feresin primero estuvo en un centro clandestino de detención en Paraná, donde fue visto con claros signos de tormentos producidos por picana eléctrica y golpes, y luego en otro CCD en Santa Fe referenciado como La Casita. Mientras que a White se lo derivó a el CCD La Calamita, ubicado en Granadero Baigorria.
“Además de esos terribles padecimientos físicos, las inhumanas condiciones de detención, Emilio sufrió la tortura psicológica permanente de saber que su compañera María Eugenia y su bebé nacido el día de su cumpleaños habían sido secuestrados el 11 de febrero y estaban en manos también del Ejército”, indicó Schujman, para luego relatar que “el 24 de marzo de 1977 varios (detenidos de La Casita) escuchan como en el grupo de tareas que operaba en dicho CCD, entre los que se encuentra el encartado Ramos, en medio de una sesión de tortura empiezan a decir «se nos va» (por Feresin)”.
Tras completar su detallado repaso de las pruebas y testimonios presentados a lo largo del juicio, y de explicar la responsabilidad de Ramos en el hecho, Schujman solicitó que “Eduardo Ramos Campagnolo sea condenados a la pena de prisión perpetua, de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua”. La abogada fundamentó su pedido al considerar que el imputado es “coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional, agravada por la existencia de violencia y amenazas , tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político, y homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para encubrir otros delitos, cometidos en perjuicio de Emilio Osvaldo Feresin”.
En sintonía con Schujman, la representante legal de la primera esposa de Feresin, Alejandra Romero Niklison, analizó la cuantiosa prueba producida a lo largo del proceso y destacó el valor de los testigos para hacerse presentes y brindar sus declaraciones “con mucho dolor y orgullo para que se haga justicia”. “Poner el cuerpo para testimoniar es mucho más que relatar una vivencia, es transmitir una verdad que ha sido deformada por el terrorismo de Estado y sus mecanismos perversos”, aseguró la abogada.
Romero Niklison hizo un apartado en su alegato para ampliar la fundamentación sobre por qué los crímenes de lesa humanidad deben ser considerados como parte de un genocidio, y citó la abundante jurisprudencia nacional e internacional en ese sentido.
A la hora de calificar los hechos la apoderada de Bernasconi consideró probado que “Ramos ejercía violencia sobre las víctimas sin mostrar el más mínimo arrepentimiento" y que “tenía un compromiso ideológico con la represión ilegal". "Quienes actuaron como verdugos lo hicieron con convicción, ideologizados pues no hay verdugos que se pongan al servicio de un régimen político maléfico sin que conozcan las razones por las que deben matar a los que matan”, expresó Romero Niklison en ese tramo de su alegato en el que citó una sentencia anterior. Y siguió: “El principio central de una ideología asesina es excluir de la condición humana a quienes se propone aniquilar". Finalmente la abogada pidió la pena de 25 años de prisión para Ramos Campagnuolo.
El alegato del fiscal general Martín Suárez Faisal
El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, pidió el pasado 10 de marzo la condena a cuatro años de prisión para el ex funcionario judicial Víctor Hermes Brusa y penas de 15, 20 (en dos casos) y 25 años de prisión para cuatro ex policías provinciales, en el juicio que se les sigue por crímenes de lesa humanidad contra víctimas que pasaron, entre otros lugares, por el centro clandestino de detención La Casita, que funcionó en una finca situada en una zona rural de Santo Tomé nunca localizada.
El relato de los testigos sobrevivientes sobre un episodio en La Casita, en que los represores dicen –en referencia al dirigente montonero y víctima en la causa, Emilio Feresin– “este se nos va” y, posteriormente, “se nos fue”, resultaron contundentes para la Fiscalía.
Los testimonios a los que se refirió el fiscal, que también fueron valorados por las querellas, son los de las víctimas restantes del juicio: Stella Maris Vallejos, Daniel Osvaldo Gatti, Vilma Raquel Guadalupe Juárez, Ana María Cámara, Anatilde Bugna, Hilda Celina Vivian Benavides, Mabel Ángela Caminos, Graciela Virginia Aguirre, Patricia Amalia Traba, Teresita María del Carmen Miño y Silvia Liliana Abdolatif, todos militantes de la Juventud Peronista.
Los relatos de los sobrevivientes sobre la agonía de Emilio Feresin y de los comentarios de los represores sobre que “este se nos va” resultaron contundentes para la Fiscalía en la acusación por homicidio.
En su exposición, Suárez Faisal requirió que se absuelva a Brusa por el beneficio de la duda en un caso de apremios ilegales contra otra de las víctimas. “Considero que llegada a esta instancia del juicio no se ha revalidado la prueba por la cual oportunamente el Fiscal Federal de primera instancia propició su acusación, por lo que hoy no corresponde sostenerla”, fundamentó, tras explicar que no había coincidencias en el testimonio brindado por un testigo en el debate y sus declaraciones anteriores respecto a la intervención de Brusa en esos hechos.
Para Brusa, entonces, el fiscal pidió cuatro años de prisión por el delito de apremios ilegales cometidos contra Daniel Gatti, a quien el ex funcionario judicial –que llegó a juez federal años después con la vigencia del estado de derecho– intentó obligarlo a firmar una declaración autoincriminatoria bajo la amenaza de regresarlo al centro clandestino de detención de la Comisaría 4ta de Santa Fe, cuando se encontraba detenido en la cárcel de Coronda.
El fiscal pidió, además, la condena a 25 años de prisión del ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2) de la Policía provincial, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, por su intervención en la muerte de Feresin. Suárez Faisal consideró acreditado que el deceso se produjo “como consecuencia de las múltiples y reiteradas torturas aplicadas por la patota conformada por Ramos y otras personas que han fallecido durante el trámite del presente proceso”. También lo acusó como responsable en siete casos de privación ilegal de la libertad agravada y en seis de tormentos agravados.
El fiscal también describió cómo Ramos Campagnolo se infiltró en la Facultad de Derecho para “marcar” estudiantes, y cómo participaba de las “patotas” que secuestraban y torturaban.
Al describir la inserción de Ramos Campagnuolo en el aparato represivo clandestino, el fiscal indicó que, como personal policial de inteligencia, el acusado se infiltró en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, donde cursó y “hasta aprobó algunas materias”. El propio Ramos reconoció en su declaración indagatoria haber “trabajado en el ámbito universitario”. “Su verdadera función –remarcó Suárez Faisal– era la de señalar o marcar objetivos, es decir, seleccionar a estudiantes o militantes que podrían ser considerados subversivos para el gobierno de facto, y luego proceder a su respectivos secuestros. Pero su labor dentro de la organización represiva no finalizaba allí, sino que además participaba –junto con “El Pollo” Colombini y “El Tío” Correa– de los denominados grupos de tareas, que allanaban ilegalmente domicilios, detenían a las personas previamente marcadas, para luego conducirlas a centros de detención”, donde “eran sometidos a interrogatorios bajo toda clase de torturas y tormentos”.
El fiscal también pidió la condena del ex comisario de la Seccional 4ta de Santa Fe, Ricardo Silvio Ferreyra, a quien describió como “la máxima autoridad de uno de los centros clandestinos de detención de mayor envergadura de la ciudad de Santa Fe, junto con la Comisaría Primera, donde ocupó previamente el cargo de Subjefe”. Le pidió la pena de 20 años de prisión por la privación ilegal de la libertad agravada de cuatro víctimas, la aplicación de tormentos agravados en tres casos, y por asociación ilícita. Ferreyra es el único de los cinco imputados que llegaron a este juicio que no tiene condena por este último delito. El resto fue condenado en un proceso tramitado en 2014.
Finalmente, Suárez Faisal pidió las condenas a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, para el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Área de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti, y la ex escribiente de la GIR, María Eva Aebi. “No caben dudas de que Perizzotti era el mandamás del mayor centro clandestino de detención de la región, el lugar más masivo, llamado Guardia de Infantería Reforzada, y que Aebi actuaba como su mano derecha”, indicó el fiscal.
Las defensas
Los alegatos de los acusados fueron ejercidos el jueves 16 de marzo por dos defensores oficiales. Si bien ambos aclararon que no ponían en duda la existencia del plan de exterminio orquestado por el terrorismo de Estado (algo que jamás ocurre cuando los letrados son particulares), los abogados por parte de la acusación analizaron la conducta de cada uno de sus defendidos como si fueran individuales, y no conectados en el marco de un dispositivo que los integraba.
Tras asegurar que los hechos criminales que se ventilaron en el juicio no estaban bajo dominio de sus defendidos, sino que dependía de fuerzas superiores, solicitaron la absolución de todos los imputados.
Ese mismo jueves, luego de rechazar el pedido de la representante legal y compañera de Basso Feresin, para que los hijos de ambos –de 6 y 9 años– puedan ingresar para la lectura del veredicto, los jueces anunciaron que la sentencia se daría a conocer el 30 de marzo.
