Juicio Guerrieri II: Pidieron a los acusados que digan "dónde están los desaparecidos"
El tribunal que juzga a los doce represores de la causa Guerrieri II
puso en evidencia en la audiencia de este jueves la coartada del acusado
Alberto Pelliza para ser separado del juicio por razones de salud. El
ex PCI intentó demostrar que habita en el olvido, pero tropezó con un
par de zancadillas de los jueces.
Pelliza ―dijo el juez Roberto López Arango, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario.
Alberto Enrique Pelliza, ex Personal Civil de Inteligencia durante la última dictadura levantó la mirada y la dirigió al juez.
Tome asiento, Pelliza― continuó el juez, y obtuvo una obediente respuesta del imputado por crímenes de lesa humanidad.
Cuando le preguntó cómo se llamaba, Pelliza dijo que no sabía y sacó del bolsillo trasero de su pantalón su documento de identidad. Hizo como que leía y dijo que no sabía su nombre, ni recordaba su edad ni ningún otro dato filiatorio.
Entones López Arango le recordó que unos minutos antes lo había llamado por su apellido y él había respondido. A partir de ahí, la coartada de Pelliza comenzó a deteriorarse.
Su defensora oficial había pedido al tribunal que fuera separado del juicio y que no participara de las audiencias en función de que sufrió un ACV (accidente cerebro-vascular), hecho ocurrido en 1982.
El fiscal Gonzalo Stara planteó que según el legajo del ex PCI desde “2008 a la fecha” sólo recurrió a los servicios médicos del “oftalmólogo y el odontólogo”, por lo que rechazó la pretensión de la defensa.
Finalmente, el tribunal resolvió que decidirá en la audiencia de este viernes si Pelliza sigue o no en el juicio, del mismo modo que dará respuesta a otro imputado, Juan Daniel Amelong, quien solicitó su “autodefensa” (es abogado) y que le suministren una notebook.
Los doce acusados en el juicio tuvieron la posibilidad de declarar ante el TOF 1. Luego de que las partes expusieran las cuestiones preliminares el tribunal inició la etapa de las declaraciones otorgándoles a los doce la posibilidad de ejercer su defensa material.
En el juicio están acusados Pascual Guerrieri; Amelong; Alberto Fariña; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Marino González; Ariel Porra; Pelliza; Ariel López; Andrés Cabrera; Carlos Sfulcini y Joaquín Guerrera.
Se les imputan homicidios (en 14 casos), privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita.
Todos cumplieron funciones en el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario durante los años 1977 y 1978 y se les imputan los delitos de los que fueron víctimas 27 personas que en su mayoría pasaron en ese período por alguno de los cinco centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de esa dependencia del Ejército.
Algunos de los imputados optaron por abstenerse a declarar, otros expresaron su presunta inocencia y negaron responsabilidad en los hechos que se les achacan y dos, Amelong y Oscar Pascual Guerrieri, hicieron uso de ese derecho constitucional.
Guerrieri alabó a los integrantes del TOF1 de Rosario, los jueces entrerrianos López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros que lo condenaron el año pasado en otra causa en la localidad de Paraná, por considerar que fue un “juicio justo” al igual “que el proceso”.
La jueza Carnero le respondió que si consideraba justo el proceso era porque acepta los hechos por los que fue condenado, y le pidió que si quería colaborar dijera “a los querellantes y a la sociedad dónde están los desaparecidos”.
Luego Amelong, que también es abogado, volvió a pedir al tribunal “ejercer la autodefensa” en el juicio y que se le suministrara una notebook, solicitud que el TOF1 postergó para la audiencia de este viernes.
Por último, el imputado Ariel López (ex PCI) pidió al TOF1 permanecer en su domicilio durante el debate porque, dijo, no tiene quien atienda a su hijo de 41 años que sufre Síndrome de Down y diabetes.
Tras establecer un cuarto intermedio, los jueces señalaron que mañana responderán las distintas peticiones formuladas este jueves.
Pelliza ―dijo el juez Roberto López Arango, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario.
Alberto Enrique Pelliza, ex Personal Civil de Inteligencia durante la última dictadura levantó la mirada y la dirigió al juez.
Tome asiento, Pelliza― continuó el juez, y obtuvo una obediente respuesta del imputado por crímenes de lesa humanidad.
Cuando le preguntó cómo se llamaba, Pelliza dijo que no sabía y sacó del bolsillo trasero de su pantalón su documento de identidad. Hizo como que leía y dijo que no sabía su nombre, ni recordaba su edad ni ningún otro dato filiatorio.
Entones López Arango le recordó que unos minutos antes lo había llamado por su apellido y él había respondido. A partir de ahí, la coartada de Pelliza comenzó a deteriorarse.
Su defensora oficial había pedido al tribunal que fuera separado del juicio y que no participara de las audiencias en función de que sufrió un ACV (accidente cerebro-vascular), hecho ocurrido en 1982.
El fiscal Gonzalo Stara planteó que según el legajo del ex PCI desde “2008 a la fecha” sólo recurrió a los servicios médicos del “oftalmólogo y el odontólogo”, por lo que rechazó la pretensión de la defensa.
Finalmente, el tribunal resolvió que decidirá en la audiencia de este viernes si Pelliza sigue o no en el juicio, del mismo modo que dará respuesta a otro imputado, Juan Daniel Amelong, quien solicitó su “autodefensa” (es abogado) y que le suministren una notebook.
Los doce acusados en el juicio tuvieron la posibilidad de declarar ante el TOF 1. Luego de que las partes expusieran las cuestiones preliminares el tribunal inició la etapa de las declaraciones otorgándoles a los doce la posibilidad de ejercer su defensa material.
En el juicio están acusados Pascual Guerrieri; Amelong; Alberto Fariña; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Marino González; Ariel Porra; Pelliza; Ariel López; Andrés Cabrera; Carlos Sfulcini y Joaquín Guerrera.
Se les imputan homicidios (en 14 casos), privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita.
Todos cumplieron funciones en el Batallón de Inteligencia 121 de Rosario durante los años 1977 y 1978 y se les imputan los delitos de los que fueron víctimas 27 personas que en su mayoría pasaron en ese período por alguno de los cinco centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de esa dependencia del Ejército.
Algunos de los imputados optaron por abstenerse a declarar, otros expresaron su presunta inocencia y negaron responsabilidad en los hechos que se les achacan y dos, Amelong y Oscar Pascual Guerrieri, hicieron uso de ese derecho constitucional.
Guerrieri alabó a los integrantes del TOF1 de Rosario, los jueces entrerrianos López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros que lo condenaron el año pasado en otra causa en la localidad de Paraná, por considerar que fue un “juicio justo” al igual “que el proceso”.
La jueza Carnero le respondió que si consideraba justo el proceso era porque acepta los hechos por los que fue condenado, y le pidió que si quería colaborar dijera “a los querellantes y a la sociedad dónde están los desaparecidos”.
Luego Amelong, que también es abogado, volvió a pedir al tribunal “ejercer la autodefensa” en el juicio y que se le suministrara una notebook, solicitud que el TOF1 postergó para la audiencia de este viernes.
Por último, el imputado Ariel López (ex PCI) pidió al TOF1 permanecer en su domicilio durante el debate porque, dijo, no tiene quien atienda a su hijo de 41 años que sufre Síndrome de Down y diabetes.
Tras establecer un cuarto intermedio, los jueces señalaron que mañana responderán las distintas peticiones formuladas este jueves.