Juicio a los genocidas de San Nicolás: Segunda ronda de testigos

Cuatro civiles y un militar retirado declararon este miércoles como testigos ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) de Rosario, constituido en la localidad bonaerense de San Nicolás, en el marco del juicio oral y público por tres causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en esa ciudad bonaerense, que se unificaron en un mismo proceso.


En primer lugar prestaron declaración tres vecinos que fueron testigos de los operativos del Ejército en los que fueron secuestrados militantes de la Juventud Peronista-Montoneros entre abril y mayo de 1977, en lo que se conoce como la causa "Alvira" por el apellido de una de las familias víctimas del terrorismo de Estado, precisaron fuentes judiciales.

Se trata de Celia Perazzo, quien vivía en una vivienda ubicada detrás del inmueble que ocupaba el matrimonio de Horacio Martínez y María Cristina Alvira, de donde también fue secuestrada la hermana de esta última, Raquel Rosa Alvira, informó a Télam el letrado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarniello. Precisó que también declararon otros dos vecinos, María Inés Albuerne y Mario Contartese, quienes brindaron detalles de lo que vieron durante los procedimientos efectuados por el Ejército, entonces a cargo del jefe del Área Militar, Fernando Manuel Saint Amant, uno de los imputados en el juicio.

Luego fue del turno de José María Budassi, sobreviviente de tres centros clandestinos de detenciones de San Nicolás, quien declaró que durante su cautiverio vio con vida a varios de los militantes por cuyas desapariciones se realiza ahora el juicio oral y público. "Yo estuve secuestrado en ese tiempo y soy testigo porque estuve en los mismos lugares donde estuvieron varios compañeros que cayeron por aquellos años, que venían de los barrios Trípoli y Don Bosco", contó Budassi a Télam. En su testimonio, dijo ante los jueces de TOF 2 que vio con vida al matrimonio Martínez-Alvira y a la hermana de ésta, Raquel.

También testimonió su encuentro "en la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, ubicada en Alem 114, con María Regina Spotti", otras de las personas desaparecidas por las que se realiza el juicio. "En ese lugar, que es el único sitio de los lugares donde estuve detenido que pude identificar, llegué a hablar con ella", dijo Budassi a este agencia.

Por último, el actual integrante de la Mesa de la Memoria de San Nicolás, dijo ante las preguntas del fiscal del juicio, Juan Patricio Murray, que también compartió cautiverio con el matrimonio de María Rosa Baronio y Eduardo Luis Reale, ambos todavía desaparecidos.

Finalmente, el TOF 2 de Rosario le tomó declaración a un sargento retirado del Ejército que revistó durante los años de la dictadura en el Batallón 101 de San Nicolás, Norberto Nildo Suárez. "Este hombre estuvo imputado en la causa pero luego fue sobreseído, y era el que entregaba a los familiares de las víctimas los muebles que habían robado durante los allanamientos, y que eran depositados en Batallón 101", explicó Ciarniello. "Cuando iban los familiares -agregó- se los entregaba por orden de Saint Amant, aunque siempre había menos cosas y estaban destrozadas".

En la causa Alvira Saint Amant está imputado y procesado por la desaparición de ocho militantes de la JP-Montoneros y también por la sustracción de bienes de las víctimas, precisó el letrado de la Secretaría de Derechos Humanos. En el juicio, cuyas audiencias continuarán el martes de la semana próxima, también se ventilan los hechos de las causas denominadas `Masacre de Juan B. Justo`, en la que están imputados Saint Amant; el coronel retirado Antonio Federico Bossié, jefe de Operaciones del Área 132 durante la última dictadura; y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz. Se los acusa por el asesinato del matrimonio conformado por Omar Amestoy y María del Carmen Fettolini, junto a sus dos pequeños hijos Fernando (5) y María Eugenia (3), y por el de Ana María del Carmen Granada, madre del único sobreviviente, el nieto recuperado Manuel Gonçalvez.

El tercer expediente investiga la privación ilegítima de la libertad de José María Mastroberardino, quien fuera víctima de la dictadura por alquilar su vivienda al matrimonio Almada-Spotti.