quinta jornada del Juicio Díaz Bessone
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que lleva adelante el segundo juicio contra represores de la dictadura en la ciudad, resolvió este martes no dar lugar al pedido de las querellas de que los imputados sigan el proceso en calidad de detenidos. La audiencia continuó con la lectura de las acusaciones contra los represores, en este caso fue el turno del escrito presentado la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
La respuesta del TOF2, que se dio en el marco de la propia audiencia y por escrito, sostuvo que el planteo de las querellas no ofreció argumentos novedosos con respecto a los presentados oprtunamente por la fiscalía, a la que también se le había rechazado el pedido.
Durante la audiencia que se desarrolló este martes en el TOF 2 se escuchó la lectura de los distintos delitos que se le imputan a los acusados por su participación en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex policía de Rosario. Los “requerimiento de elevación a juicio (es decir las acusaciones) son los señalamientos que la aprte acusadora y la fiscalía hacen a los acusados.
Esta jornada se escuchó el requerimiento de elvación de la LADH, en el que el organismo de derechos humanos introdujo el concepto de genocidio como figura jurídica. "Entendemos que no puede admitirse la paradoja de que tanto en el discurso político institucional como en el periodístico se hable del genocidio cometido por la dictadura militar, pero en el único espacio normativo institucional en que la Convención del Genocidio debiera ser aplicada, que es el del Poder Judicial de la Nación, allí no se la aplica", fundamentó la abogada de la LADH, Daniela Asinari, para explicar la utilización de ese tipo legal que no está reconocido en el Codigo Procesal Penal de la Nación.
Lo que se leyó este martes son parte de los crímenes que los testigos de la causa adjudican a los seis imputados de este juicio. Violaciones a las detenidas, aplicación de las más diversas metodologías de torturas y simulacros de asesinatos, son sólo algunos de las denuncias que se escucharon en la sala de audiencia, que volvió a estar ocupada mayoritariamente por familiares de víctimas y sobrevivientes de los campos de concentración que operaron bajo el régimen del terrorismo de estado.
En el banquillo de los acusados se pudo ver cómo seguían la lectura de la secretaria del tribunal, el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los delitos por los que están procesados son privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos en diecisiete casos, mientras que todos están acusados por asociación ilícita.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Según estimaciones de los organismos de derechos humanos por allí pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
En este juicio oral se ventilarán los delitos sufridos por 93 víctimas que fueron secuestradas ilegalmente, torturadas, y de 17 de ellas asesinadas y desparecidas. Se espera que declaren unas 170 personas en su gran mayoría sobrevivientes del Servicio de Informaciones.
Sin fotos de los desaparecidos
En tanto el espacio Juicio y Castigo Rosario -integrado por víctimas, querellantes y organismos de derechos humanos- sigue sin obtener respuesta a su reclamo presentado ante el TOF 2, en el que solicita que dejen a los familiares de las víctimas portar las fotos de los desaparecidos.
El proceso continuará este miércoles con la más lectura de requerimientos de elevación a juicio.
La respuesta del TOF2, que se dio en el marco de la propia audiencia y por escrito, sostuvo que el planteo de las querellas no ofreció argumentos novedosos con respecto a los presentados oprtunamente por la fiscalía, a la que también se le había rechazado el pedido.
Durante la audiencia que se desarrolló este martes en el TOF 2 se escuchó la lectura de los distintos delitos que se le imputan a los acusados por su participación en el centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex policía de Rosario. Los “requerimiento de elevación a juicio (es decir las acusaciones) son los señalamientos que la aprte acusadora y la fiscalía hacen a los acusados.
Esta jornada se escuchó el requerimiento de elvación de la LADH, en el que el organismo de derechos humanos introdujo el concepto de genocidio como figura jurídica. "Entendemos que no puede admitirse la paradoja de que tanto en el discurso político institucional como en el periodístico se hable del genocidio cometido por la dictadura militar, pero en el único espacio normativo institucional en que la Convención del Genocidio debiera ser aplicada, que es el del Poder Judicial de la Nación, allí no se la aplica", fundamentó la abogada de la LADH, Daniela Asinari, para explicar la utilización de ese tipo legal que no está reconocido en el Codigo Procesal Penal de la Nación.
Lo que se leyó este martes son parte de los crímenes que los testigos de la causa adjudican a los seis imputados de este juicio. Violaciones a las detenidas, aplicación de las más diversas metodologías de torturas y simulacros de asesinatos, son sólo algunos de las denuncias que se escucharon en la sala de audiencia, que volvió a estar ocupada mayoritariamente por familiares de víctimas y sobrevivientes de los campos de concentración que operaron bajo el régimen del terrorismo de estado.
En el banquillo de los acusados se pudo ver cómo seguían la lectura de la secretaria del tribunal, el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone; a los ex policías rosarinos José Rubén Lo Fiego, Ramón Rito Vergara, Mario Alfredo Marcote y José Carlos Scortechini; y al civil Ricardo Miguel Chomicky.
Los delitos por los que están procesados son privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos en diecisiete casos, mientras que todos están acusados por asociación ilícita.
El SI funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de esta ciudad, en un viejo edificio donde estuvo durante años la Jefatura de Policía de Rosario y que ahora alberga a la sede local de la Gobernación. Según estimaciones de los organismos de derechos humanos por allí pasaron al menos 1.800 detenidos-desaparecidos.
En este juicio oral se ventilarán los delitos sufridos por 93 víctimas que fueron secuestradas ilegalmente, torturadas, y de 17 de ellas asesinadas y desparecidas. Se espera que declaren unas 170 personas en su gran mayoría sobrevivientes del Servicio de Informaciones.
Sin fotos de los desaparecidos
En tanto el espacio Juicio y Castigo Rosario -integrado por víctimas, querellantes y organismos de derechos humanos- sigue sin obtener respuesta a su reclamo presentado ante el TOF 2, en el que solicita que dejen a los familiares de las víctimas portar las fotos de los desaparecidos.
El proceso continuará este miércoles con la más lectura de requerimientos de elevación a juicio.
