La fiscalía también pidió prisón perpetua
Con varias demoras y suspensiones en el medio, que estiraron aún más el dilatado juicio que lleva el nombre de dos de los imputados, Guerrieri-Amelong -por ser la carátula de dos causas respectivas que fueron acumuladas-, este lunes finalmente la Fiscal Mabel Colalongo logró concluir su acusación contra los cinco represores del Destacamento 121 de Inteligencia Militar de Rosario. Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo tuvieron que escuchar durante unas tres horas y media el tramo final del alegato de la representante del Ministerio Público.
“No existió orden de detención de autoridad competente, ni escrita, ni causa legítima alguna, en todos los casos la detención se produjo de modo violento, los autores vestían de civil aunque pertenecían a una fuerza del estado. Autos sin identificación”, señaló Colalongo para argumentar el carácter ilegal de las detenciones cometidas por los represores.
Las órdenes que recibían los imputados también eran de origen “ilegal”, explicó la fiscal, ya que “no fueron dispuestas por autoridad competente, y que no se exhibieron en el juicio órdenes de detención”. Esto se reflejó para Colalongo en “el ocultamiento de las víctimas, es decir la clandestinidad de la detención. Y en las respuestas negativas de los Hábeas Corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, a los que no se daba información”.
En ese tramo de su alegato, la fiscal recordó la declaración del testigo Horacio Bellester, militar del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), quien desmintió ante el mismo tribunal la supuesta Obediencia Debida que algunos represores alegaron. “No había por qué cumplir una orden manifiestamente ilegal”, indicó Colalongo y agregó: “Los hechos fueron perpetrados como fieles militantes del plan criminal, pudiendo actuar de otro modo, apegados a la ley. Por ello se justifica la división de zonas en zonas y sub zonas, estos señores fijaban los blancos, ellos elegían a los sospechosos. No existen causas que excluyan culpabilidad”.
La fiscal expresó además que “cuando se producen los hechos juzgados ya el derecho Internacional los señalaba como delitos de lesa humanidad”, y detalló que esta figura se cumple debido a hechos probados en el juicio como “ataque sistemático, masivo, ininterrumpido, hacia una población determinada”.
La fiscal apuntó que los delitos “fueron cometidos con violencia, ya la sola privación implica violencia, pero aquí existió mayor violencia, aún más, con amenazas”. Y que “en todos los casos las víctimas fueron sometidas a tormentos, tratos crueles e inhumanos, iInterrogatorios bajo tormentos, picana eléctrica, simulacro de fusilamiento, falta de higiene, crueldad con que eran tratados en los CCD, encapuchamiento desde sus detenciones, ataduras de pies y manos en su cautiverio, incomunicación total con el exterior y entre los detenidos”.
Colalongo aseguró que los homicidios de las víctimas se dieron en “concurso premeditado entre dos o más personas, de modo tal de garantizarse la impunidad”. Agregó en su acusación el agravante de la alevosía, y sobre la procuración de impunidad amplio: “todo lo realizaban a los fines de procurar impunidad: uso de apodos, no usar uniformes, autos civiles, lugares ocultos, no dar información, dictar leyes de auto amnistía, ocultar cadáveres, no dar información de suerte de las víctimas”.
La fiscal fundamentó que “el ocultamiento de los cadáveres no puede ser obstáculo para juzgar los homicidios, ya que esto sería aceptar la legalidad de la ilegalidad”, y afirmó que “teniendo en cuenta la participación de todos los imputados en los CCD, todos son co-autores directos de cada privación ilegítima de la libertad y cada homicidio”.
La Fiscal Colalongo realizó un abordaje a hechos y dichos de los imputados señalados a lo largo del juicio, y enrostró a Guerrieri varias máximas del General José de San Martín. “Seguramente San Martín no lo aceptaría en sus filas”, dijo la representante del Ministerio Fiscal.
Finalmente elevó al tribunal su solicitud de prisión perpetua para los cinco imputados: "Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrepentimiento de los acusados".
Al cierre de la audiencia desde el tribunal comunicaron que el juicio continuaría este martes con el inicio del alegato de la defensa del represor Pascual Guerrieri.
Por su parte, organismos de derechos humanos, testigos, querellantes de las causas y organizaciones sociales que constituyeron el espacio Juicio y Castigo Rosario -desde el que se vienen realizando acciones de apoyo público al proceso de juzgamiento a los represores de la dictadura en la ciudad-, anunciaron que “este martes los desaparecidos se harán presentes en el juicio a sus verdugos” y convocaron a una conferencia de prensa y posterior radio abierta a las 11 de la mañana.
“No existió orden de detención de autoridad competente, ni escrita, ni causa legítima alguna, en todos los casos la detención se produjo de modo violento, los autores vestían de civil aunque pertenecían a una fuerza del estado. Autos sin identificación”, señaló Colalongo para argumentar el carácter ilegal de las detenciones cometidas por los represores.
Las órdenes que recibían los imputados también eran de origen “ilegal”, explicó la fiscal, ya que “no fueron dispuestas por autoridad competente, y que no se exhibieron en el juicio órdenes de detención”. Esto se reflejó para Colalongo en “el ocultamiento de las víctimas, es decir la clandestinidad de la detención. Y en las respuestas negativas de los Hábeas Corpus presentados por los familiares de los desaparecidos, a los que no se daba información”.
En ese tramo de su alegato, la fiscal recordó la declaración del testigo Horacio Bellester, militar del Centro de Militares para la Democracia (CEMIDA), quien desmintió ante el mismo tribunal la supuesta Obediencia Debida que algunos represores alegaron. “No había por qué cumplir una orden manifiestamente ilegal”, indicó Colalongo y agregó: “Los hechos fueron perpetrados como fieles militantes del plan criminal, pudiendo actuar de otro modo, apegados a la ley. Por ello se justifica la división de zonas en zonas y sub zonas, estos señores fijaban los blancos, ellos elegían a los sospechosos. No existen causas que excluyan culpabilidad”.
La fiscal expresó además que “cuando se producen los hechos juzgados ya el derecho Internacional los señalaba como delitos de lesa humanidad”, y detalló que esta figura se cumple debido a hechos probados en el juicio como “ataque sistemático, masivo, ininterrumpido, hacia una población determinada”.
La fiscal apuntó que los delitos “fueron cometidos con violencia, ya la sola privación implica violencia, pero aquí existió mayor violencia, aún más, con amenazas”. Y que “en todos los casos las víctimas fueron sometidas a tormentos, tratos crueles e inhumanos, iInterrogatorios bajo tormentos, picana eléctrica, simulacro de fusilamiento, falta de higiene, crueldad con que eran tratados en los CCD, encapuchamiento desde sus detenciones, ataduras de pies y manos en su cautiverio, incomunicación total con el exterior y entre los detenidos”.
Colalongo aseguró que los homicidios de las víctimas se dieron en “concurso premeditado entre dos o más personas, de modo tal de garantizarse la impunidad”. Agregó en su acusación el agravante de la alevosía, y sobre la procuración de impunidad amplio: “todo lo realizaban a los fines de procurar impunidad: uso de apodos, no usar uniformes, autos civiles, lugares ocultos, no dar información, dictar leyes de auto amnistía, ocultar cadáveres, no dar información de suerte de las víctimas”.
La fiscal fundamentó que “el ocultamiento de los cadáveres no puede ser obstáculo para juzgar los homicidios, ya que esto sería aceptar la legalidad de la ilegalidad”, y afirmó que “teniendo en cuenta la participación de todos los imputados en los CCD, todos son co-autores directos de cada privación ilegítima de la libertad y cada homicidio”.
La Fiscal Colalongo realizó un abordaje a hechos y dichos de los imputados señalados a lo largo del juicio, y enrostró a Guerrieri varias máximas del General José de San Martín. “Seguramente San Martín no lo aceptaría en sus filas”, dijo la representante del Ministerio Fiscal.
Finalmente elevó al tribunal su solicitud de prisión perpetua para los cinco imputados: "Pido la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para los cinco imputados por el cargo que detentaban en el Destacamento de Inteligencia, los perjuicios ocasionados a las víctimas, los mecanismos empleados, el sadismo, la cobardía, la imposición de tormentos en forma cruel, las terribles condiciones de detención, el aprovechamiento perverso de las víctimas indefensas, la impunidad y ausencia de arrepentimiento de los acusados".
Al cierre de la audiencia desde el tribunal comunicaron que el juicio continuaría este martes con el inicio del alegato de la defensa del represor Pascual Guerrieri.
Por su parte, organismos de derechos humanos, testigos, querellantes de las causas y organizaciones sociales que constituyeron el espacio Juicio y Castigo Rosario -desde el que se vienen realizando acciones de apoyo público al proceso de juzgamiento a los represores de la dictadura en la ciudad-, anunciaron que “este martes los desaparecidos se harán presentes en el juicio a sus verdugos” y convocaron a una conferencia de prensa y posterior radio abierta a las 11 de la mañana.
